Por segunda vez en menos de nueve meses unos desconocidos han entrado en el despacho de los abogados Gonzalo Boye e Isabel Elbal, en el centro de Madrid, con la intención de intimidarlos. Como la primera vez, el pasado mes de enero, la intrusión se ha producido unas pocas fechas antes de días claves para alguno de sus famosos procesados: en aquella ocasión, vencía el plazo para interponer recurso contra la resolución del Tribunal Supremo para mantener la orden europea de detención contra el president Puigdemont; ahora, estamos en vísperas de que el Tribunal Supremo vea el recurso de casación contra la inhabilitación del president Quim Torra por una pancarta colgada en el Palau de la Generalitat reclamando la libertad de los presos políticos con un lazo amarillo.
Pensar que los destrozos ocasionados en el despacho de los abogados Boye-Elbal es simplemente una cuestión de azar está fuera de cualquier razonamiento lógico. Por la pericia de los ladrones, que, por su manera de actuar, se trata de un grupo técnicamente cualificado; por el momento escogido, para demostrar la impunidad con la que pueden actuar una segunda vez; y por la seguridad con la que se comportan, ya que tienen suficiente con practicar destrozos y sembrar el caos, pues no buscan nada de valor con el hurto. A estas dos intromisiones hay que añadir el registro policial que sufrió aún no hace un año por un presunto delito de blanqueo de capitales y del que nada más se supo pese al deliberado alboroto mediático que provocó la policía durante unos días.
No hay muchos precedentes de países de nuestro entorno en que la labor del letrado defensor tropiece con problemas como los que tienen que sortear Boye y Elbal. Quizás en países como Turquía estas situaciones no son extrañas, pero en la Unión Europea, por suerte, sí lo son. Los primeros interesados en que esto no suceda debería ser el gobierno español, que alardea ser de izquierdas y progresista, y, sobre todo, el controvertido ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. No es la mejor carta de presentación para España que un diputado del Parlamento alemán, por ejemplo, denuncie la persecución política a Boye.
El pasado sábado Òmnium Cultural denunció un asalto a su sede central y unas horas antes los asaltantes a la librería Blanquerna de la Generalitat en Madrid del año 2013 se concentraron frente a su sede pidiendo la absolución de los condenados, que aún no han entrado en prisión. Todo ello en medio de noticias de guerra sucia de la policía patriótica en el caso Bárcenas, la misma policía de la Operación Catalunya que se ha dedicado a fabricar pruebas falsas y a perseguir el independentismo.
En medio de todo ello, es normal que Boye sea un letrado incómodo, ya que ha propinado importantes derrotas a la justicia española en Europa. Pero la intimidación acaba siendo, en muchas ocasiones, una prueba más de la desesperación de los que practican la guerra sucia y saben que están perdiendo la partida.