El portavoz del grupo parlamentario de Ciutadans, Nacho Martín Blanco, ha instado en Esquerra Republicana de Catalunya y el PSC a "forzar" una nueva presidencia en el Parlamento de Catalunya, para así sustituir a Laura Borràs, quien recientemente fue suspendida por la misma Mesa de la Cámara. En una entrevista en la ACN, Martín Blanco ha remarcado que habría que escoger un nuevo presidente o presidenta "en aras de la estabilidad institucional" y de la "seguridad jurídica", para tal fin se dirige a los partidos que conforman la Mesa del Parlamento. En especial, se focaliza en los republicanos y los socialistas, quienes espera que "precipiten" la convocatoria de un pleno para escoger un nuevo presidente o presidenta.
En su última entrevista, Martín Blanco no se ha centrado únicamente el caso de Laura Borràs, también ha señalado la situación del diputado de Junts per Catalunya Lluís Puig. Después de que la justicia española tumbara el voto delegado de Puig, Borràs garantizó que le contabilizaría igual, aunque todavía no se ha firmado ninguna de las actas que lo tienen que recoger. Ahora, con la vicepresidenta primera, Alba Vergés, haciendo funciones de presidenta, Ciutadans ya avisa de que si las actas incluyen el voto de Puig la traerán a los tribunales. "Exigiremos el cumplimiento de la ley y de las resoluciones del TC", remarca el portavoz de la formación naranja.
Tanto el caso de Borràs, como el de Puig han despertado hecho chocado a los dos socios de Gobierno. A pesar de todo, Martín Blanco ve "improbable" que el ejecutivo se acabe rompiendo antes de que acabe la legislatura. "Si una cosa se ha demostrado es la gran voluntad de poder, que los hará mantenerse en el poder, cueste lo que cueste", ha asegurado y ha añadido que romper el acuerdo de gobierno "puede tener consecuencias desde el punto de vista de la continuidad política y la hegemonía".
Castellano, lengua vehicular en la escuela
El castellano en la escuela, ha sido, desde los inicios de la formación, una de las piedras angulares de su discurso. Martin Blanco no ha salido de esta línea y ha aprovechado la entrevista para insistir en que el castellano tiene que ser vehicular en la escuela y que como mínimo el 25% de las clases tienen que estar en esta lengua. A pesar de la polémica por la sentencia que obligaba a impartir el 25% de castellano, una vez aprobada la ley y el decreto que defienden el catalán en la escuela, el TSJC constató que ya no podía aplicarla, y decidió llevar las dos normas al TC para que dictamine si son inconstitucionales. Ante esta situación Martín Blanco no quiere avanzar escenarios, pero sí que confía en que el TC acabe tumbando las normas.
Una esperanza que el pasado martes fue relativamente correspondida por el Tribunal Supremo, que tumbó por primera vez los proyectos lingüísticos de dos escuelas de Catalunya para incumplir al 25% de castellano en el programa docente. La sección primera contenciosa administrativa decidió después de desestimar los recursos de casación de la Generalitat contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, al considerar que carecen de motivación. El Supremo ha anulado así los proyectos lingüísticos de dos centros escolares, uno de Abrera, Josefina Ibáñez, y el otro de Barcelona, el colegio Bogatell, ya que "no se ha fundamentado lo suficiente".