Efial Consultoria cobró un total de 3,5 millones de euros del Ayuntamiento de L'Ametlla de Mar (Baix Ebre) durante el tiempo que tuvo adjudicada la administración la sociedad municipal Cala Gestió, entre los años 2008 y 2014. Según han explicado a ACN fuentes del actual gobierno municipal -ERC y PSC-, la sociedad, que se ha convertido en el epicentro de la operación policial por supuestos delitos contra la administración pública en diferentes municipios de Catalunya y en Madrid, se embolsaba un 5% del importe de cada una de las adjudicaciones en las cuales participaba de acuerdo con el contrato firmado con el consistorio.

De hecho, dos de los detenidos en este operativo, el gerente de la sociedad municipal y, al mismo tiempo, de la consultora, Antonio Martos, así como el exalcalde convergente de L'Ametlla de Mar, Andreu Martí, todavía están siendo investigados por los juzgados de Tortosa por supuestos delitos de actividades y negociaciones prohibidas a funcionarios públicos. El operativo de este martes, con once detenidos, continúa todavía abierto. El consistorio espera los resultados sobre una auditoría de procedimientos con la vista puesta en 54 procedimientos de contratación posiblemente irregulares.

El registro de la Guardia Civil en el Ayuntamiento y la detención de Martí –además de la de Martos y el ingeniero de Cala Gestió, Jaume Beltran- ha causado relativa sorpresa entre el vecindario de L'Ametlla de Mar. Las denuncias sobre los procedimientos y adjudicaciones que Efial ejecutaba desde Cala Gestió llegaron a los juzgados y eran sobradamente conocidas por el vecindario desde ya hace tiempo, después de que un particular llevara el caso a la Oficina Antifrau. Ahora, sin embargo, la investigación que conducen al juez del Vendrell y la Fiscalía Anticorrupción va mucho más allá de la compatibilidad de las atribuciones de Martos en estos procedimientos, en su condición simultánea de propietario de la consultora y gestor de la sociedad pública municipal.

Entramado en torno a Cala Gestión

La operación de este martes, de hecho, cuestiona la legalidad de todo el entramado construido en torno a Cala Gestión, con el cual Efial llegó a ingresar 3,5 millones de euros de las arcas municipales, según calcula el gobierno municipal. Un dinero que, en buena parte, habría acabado formando parte de un circuito de blanqueo de capitales a través de Andorra, según los investigadores. En marcha desde 2008 para, teóricamente, agilizar los procedimientos administrativos y conseguir, bajo la fórmula de empresa con capital municipal, mejores condiciones fiscales para gestionar la adjudicación de equipamientos y obras urbanísticas, la sociedad participó en la contratación de decenas de proyectos durante los últimos años en el municipio: la piscina cubierta municipal –con un coste próximo a los 6 millones de euros-, la residencia de abuelos, con un coste de unos 5 millones y todavía inoperativa, acarreando una deuda millonaria-, el aparcamiento frente al Ayuntamiento o varias operaciones de urbanización en Tres Cales y Roques Dorades figuran entre los más voluminosos.

Según el actual gobierno municipal, la consultora conseguía, de acuerdo con el contrato firmado con el anterior ejecutivo de CiU encabezado por Martí, el 5% del importe de cada una de estas adjudicaciones, aunque, teóricamente, tenía que renovar periódicamente los contratos de gestión de servicios –el juzgado de Tortosa, precisamente, investigaba las adjudicaciones de la gestión en Efial por valor de 860.000 euros entre 2010 y 2012. En realidad, sin embargo, los ingresos mensuales que recibía del Ayuntamiento ascendían a los 35.000 y 38.000 euros mensuales. En el mes de julio de 2014, Martí decidió rescindir la relación, pocos meses después de que estallara la investigación judicial en torno a Martos y Efial, consultora implicada también en el caso del Ayuntamiento de Torredembarra.

El cambio de gobierno en el consistorio de hace un año, que ha cifrado una deuda heredada superior a los 47 millones de euros, puso Cala Gestión y Efial bajo la lupa. "Durante los años en la oposición teníamos nuestras dudas", ha declarado el alcalde, Jordi Gaseni. Después de la auditoría económica, el gobierno municipal de republicanos y socialistas encargó una auditoría de procesos. La idea era comprobar la legalidad de los expedientes de adjudicación para evitar incurrir en nuevas responsabilidades. "Necesitamos esta tranquilidad para ver que todos los expedientes abiertos eran correctos y no incurríamos en ninguna legalidad como alcalde y equipo de gobierno", ha añadido. El estudio previo con los asesores legales detectó hasta 54 expedientes dudosos. El resultado de esta auditoría, según el alcalde, se podrá conocer durante las próximas semanas.

CDC de L'Ametlla reniega de Martí

Por su parte, la dirección de CDC de L'Ametlla de Mar y exmiembros de gobierno consistorial al lado de Martí, se han desmarcado del exalcalde y su gestión con un contundente comunicado emitido a través de las redes sociales. Califican de "detestable" el supuesto "enriquecimiento personal con dinero público" y condenan "cualquier práctica corrupta". En este sentido, confían en que "caiga sobre él todo el peso de la justicia" si finalmente se demuestra que "ha hecho un acto ilícito de enriquecimiento personal".

Operación en marcha

De momento, la operación policial continúa abierta. La Guardia Civil tiene previsto trasladar a Martí a L'Ametlla de Mar para registrar su apartamento entre la tarde y la noche de este martes. Además del exalcalde, Martos y Beltran, en el operativo han sido detenidos el exalcalde convergente de Anglès, Josep Manel Bassols; así como los cargos de Efial y la empresa que la acabó absorbiendo, CGI: Manuel Delgado, Ramon Solé, Blas Acosta, Lucía Mora, Carles Bock, Oriol Mestre y Xavier Xifra. El instituto armado ha desplegado a 342 agentes en varios puntos del Estado español - aparte de Catalunya, Madrid y Guadalajara. Se han practicado o están en marcha 48 registros, 37 en territorio catalán –aparte de L'Ametlla, en los consistorios de Tortosa, Ascó y Vandellòs-L'Hospitalet de l'Infant, pero también en domicilios particulares y empresas. Dos de estas entradas han tenido lugar en un despacho de ingenieros y un domicilio en El Perelló. También se han efectuado quince requerimientos de información a ayuntamientos, de los cuales siete en Catalunya.