23 de febrero del 2017. Murcia: destitución del fiscal que investigaba al presidente autonómico Pedro Antonio Sánchez por la terminal local de la trama Púnica. Palma: ni prisión ni fianza. Iñaki Urdangarin, libre como un pájaro (promete, sin embargo, no volar). Barcelona: Joan Josep Nuet perdonado por el fiscal porque no es independentista. Madrid: justicia compensatoria. Prisión para Rato y Blesa -ángeles caídos con tarjetas oscuras-. Sevilla: oxígeno para Griñán en el caso de los ERE. Alud de resoluciones político-judiciales como ráfagas de ametralladora contra el techo de cristal de la independencia judicial española. No son los guardias civiles asaltando el Congreso ni los tanques de la Brunete en la calle, pero sí un ejército de togas maniobrando al límite en cinco escenarios de alta sensibilidad bajo la atenta mirada de la Moncloa. ¿Estamos ante un 23-F judicial 36 años después?

Ahora como entonces, sacudir, para atemorizar, neutralizar y estabilizar. A golpe de maza. Estabilizar el PP antes que, apenas superado el escándalo de la Gürtel con el encarcelamiento de Correa, Crespo y El Bigotes, la rama murciana de la Púnica -el caso Auditorio- haga volar por los aires la frágil paz interna en que se sustenta la sucesión de Rajoy por Rajoy. No es Tejero pistola en mano y tricornio montado en el cerebro gritando "al suelo todo el mundo" ni "se siente, coño" pero sí un presidente del Gobierno y un ministro de Justicia, Rafael Catalá, dirigiendo una depuración pura y dura de fiscales rebeldes. Es el destituido fiscal superior de Murcia, Manuel López Bernal, denunciando "intimidaciones": "No puede ser que al final los perseguidos seamos los fiscales por delante de los corruptos".

No es un golpe de estado como el del 23 de febrero de 1981, con un juicio blando para la mayoría de los implicados para evitar males (de sables) mayores, pero se parece bastante a un golpe del Estado con los jueces movilizados para salvar la monarquía española en el último minuto. Estabilizar la monarquía española exonerándola de culpas en los tribunales. El tribunal de Palma que ha juzgado a Iñaki Urdangarin, el yerno del rey Juan Carlos I, ha rechazado, contra todo pronóstico, la petición de la fiscalía: el exduque de Palma, esposo de la Infanta Cristina -felizmente reincorporada a su trabajo en Barcelona-, ni tendrá que ir a la cárcel ni tampoco tendrá que satisfacer fianza. Tampoco su socio en el Instituto Nóos, Diego Torres.

Hay que ir al discurso de Juan Carlos I de la Nochebuena de 2011, el primero del trienio de años horribles que desembocan en la abdicación del monarca en medio de la peor crisis reciente de la Monarquía española, para deconstruir las decisiones que se han tomado en Palma. Aquel "tradicional discurso navideño" fue el más difícil de su reinado desde aquel otro con que tranquilizó a todo el mundo -Jordi Pujol incluido- la noche del 23-F de 1981 con el Congreso de los Diputados secuestrado por la Guardia Civil. Aquella Nochebuena del 2011, con la bomba Nóos recién estallada, el jefe del Estado pidió "rigor, seriedad y ejemplaridad". No habló de su yerno, pero quiso recalcar que "la justicia es igual para todo el mundo". El actual rey emérito dictó sentencia. Así lo entendió casi todo el mundo. Todo el mundo que olvidó que en una monarquía parlamentaria, el rey reina, pero no juzga. Contra lo que clama la calle, el desenlace de Nóos prueba la independencia de la justicia española respecto de toda presión de poderes externos, incluidos los reales poderes, dirán en la Moncloa.

Estabilizar el frente catalán (aunque la guerra será larga). El 23-F del 2017 no es una LOAPA como aquella que tradujo la filosofía del "fracasado" golpe militar de Tejero en una gran corrección del rumbo "desbocado" del incipiente Estado autonómico. La nueva querella de la fiscalía contra la presidenta del Parlament, Carme Forcadell y los otros tres miembros independentistas de la Mesa, Lluís M. Corominas, Anna Simó y Ramona Barrufet, pero no contra el común y comunista Joan Josep Nuet, es un nuevo paso por alisar el campo en que se producirá la suspensión de facto de la autonomía catalana con la aplicación modulada del 155 de la Constitución.

Esta vez, parafraseando al exministro Jorge Fernández, la fiscalía ha "afinado" tanto el argumentario que ha dejado fuera de toda sospecha a Nuet, incluso en contra del criterio del Constitucional. ¿La razón? Porque si bien él hizo como el resto -permitir la votación sobre las resoluciones del referéndum- no es independentista. Nuet "no pretendía, como los querellados, incumplir los mandatos del TC, ni llevar a cabo un proyecto político con total desprecio de la Constitución... sino que actuó en la creencia errónea de estar cumpliendo sus obligaciones como miembro de la Mesa del Parlamento". Efectivamente, Nuet no es independentista, como tampoco Pablo Iglesias quiere que Catalunya se vaya, pero el apoyo de los comunes al referéndum ensancha la base social y su legitimidad democrática. He ahí el porqué del golpe del fiscal sobre la Mesa del Parlament: fracturar la amplísima mayoría a favor del referéndum, en la Mesa del Parlamento, en el Parlamento y en las encuestas, para devolver el procés a la casilla del 9-N. Joan Coscubiela, por extraño que parezca, parece coincidir en el propósito.

Y estabilizar el frente podemita. Justicia justa con los listillos de las tarjetas black. La depredación del patrimonio de la antigua Caja Madrid llevará a su expresidente Miguel Blesa y al exvicepresidente del Gobierno y expresidente de Bankia Rodrigo Rato a prisión. Y 12,5 millones de euros a devolver con intereses. Se ha hecho justicia. Queda desactivado el frente del 15-M, la reacción contra los banqueros y contra la izquierda que se puso "al fondo, a la derecha". La reacción que llenó las plazas para salvar los mínimos del naufragio del Estado del bienestar y dio 70 diputados a Podemos. Hecho el reset del 23-F de Tejero, cuando todo volvió a empezar, el gobierno socialista de Felipe González desactivó la bomba social de la España pobre, la España del sur, con el PER y las subvenciones vitalicias. Y con el AVE Madrid-Sevilla. En Sevilla, este 23-F del 2017, la jueza del caso de los ERE ha levantado la fianza civil de 4.214.702 euros impuesta al expresidente de la Junta de Andalucía y del PSOE José Antonio Griñán. Estabilizar el gran sur andaluz.