El Gobierno empieza a sembrar la duda sobre si la responsabilidad por la organización del referéndum también se extendería a los voluntarios como posible estrategia de asedio para impedir las urnas del 1 de octubre. Según fuentes de la Moncloa, tan responsables del "delito preparatorio" serían los cargos del Govern o los funcionarios, así como todos aquellos "particulares" que pudieran estar financiando la impresión de papeletas, o la fabricación de urnas, además de los "directores de escuela y los profesores" que abran los colegios, e incluso, aquellos que ayuden a que el día del referéndum los ciudadanos voten.

Lo anunciaba el portavoz Íñigo Méndez de Vigo en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, destacando de forma ambigua que la "colaboración necesaria" o "participación" en la infraestructura del referéndum era motivo de responsabilidad. "Se irá contra los organizadores porque serán responsables del incumplimiento de la ley", decía. Más tarde añadió que "los ciudadanos no necesitan ninguna comunicación porque saben que están participando de un referéndum que es ilegal".

La cuestión es que fuentes de la Moncloa matizan que no aluden a los ciudadanos que voten, sino los organizadores –sin concretar si sólo a sus máximos responsables o incluso al resto–, pero huyen de citar los tipos penales que se les podrían atribuir.

A la sombra extendida por el Ejecutivo, se suman las palabras del fiscal general del Estado, José Manuel Maza, hace unos meses, cuando no descartó la posibilidad de abrir causa penal contra los voluntarios. "La cuestión está más al límite de lo que podría ser una conducta ilícita penal o no. Es un tema a estudiar, que yo espero no tener que estudiar, pero se tiene que estudiar", dijo entonces. Tiempo más tarde Maza afirmó que actuaría contra ellos "sin complejos", querellándose si hiciera falta. Estas palabras resultaron contraproducentes y generaron una avalancha de inscripciones.

La cuestión es que la hipótesis de la responsabilidad penal fue señalada por la Moncloa este jueves, después de la comparecencia de Mariano Rajoy donde dijo que "no renunciaba a ningún instrumento" para impedir el referéndum. Fuentes de vicepresidencia dijeron entonces que todas las autoridades y funcionarios públicos, aunque no sean notificados, se daban por advertidos una vez se hagan públicas estas peticiones a los boletines oficiales del Estado. Esta misma premisa se hacía extensible a todas las personas que contribuyesen al 1-O.

Ante este escenario, De Vigo ha asegurado que los alcaldes y ayuntamientos "cumplirían la ley" porque están advertidos. La comunicación se hizo hace semanas a través de una carta del ministerio de la Presidencia, y se notificará nuevamente a través de otra, como Rajoy pidió este jueves que el TC hiciera. Así las cosas, preguntado por El Nacional sobre cuál era la opinión del Gobierno acerca de que ya hubiera más de un 60% de consistorios comprometidos con poner las urnas, el portavoz les ha pedido "recapacitar y pensar" porque si no "tendrán que acatar las consecuencias" penales.