Hasta el último de sus días, José Utrera Molina defendió el franquismo. Fue justamente durante la dictadura cuando fue ministro y gobernador civil. "Se me acusa de falangista, como si el hecho de serlo me desacreditara públicamente", decía el pasado diciembre. "Quiero afirmar, con orgullo y la cabeza bien alta, que he sido, soy y seré mientras viva, falangista," remachaba. Aprovechaba la ocasión para describir a Francisco Franco como un "hombre excepcional" y a José Antonio Primo de Rivera, fundador de Falange, como ejemplo "de nobleza".
Y así lo despidieron el pasado domingo, en su entierro, después de morir a la edad de 91 años: un grupo de falangistas cantó el himno franquista Cara el sol brazo en alto, después de la misa, entre vivas a Franco y Primo de Rivera. Entre los presentes en la ceremonia, un gran destacado: Alberto Ruiz-Gallardón, exalcalde de Madrid, exministro del Gobierno de Rajoy y yerno de Utrera Molina. El espectáculo dantesco de exaltación pública del franquismo quedó registrado.
La Junta de Andalucía ha remitido un escrito a la Subdelegación del Gobierno español en Málaga pidiendo que actúe ante el incumplimiento de la Ley de Memoria Democrática andaluza. La subdelegación ha dejado el asunto en manos de la Guardia Civil. Pero el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha querido quitar hierro al asunto, diciendo que el funeral es un "acto privado", que se celebró con "familiares y amigos".
Por otra parte, el abogado Eduardo Ranz, especializado en temas de memoria histórica, ha presentado cuatro derechos de petición al Consejo de Ministros y los ayuntamientos de Sevilla, Málaga y Nerja para la retirada de los honores y distinciones otorgados a Utrera Molina durante su vida. Es el paso previo al recurso contencioso-administrativo que presentará si no se procediera a su retirada.
Símbolos franquistas
Tres años y medio ha tardado en actuar la Fiscalía, que ahora pide tres años de prisión para los líderes de Alianza Nacional y Falange por incitación al odio en una manifestación en Barcelona el 12 de Octubre. Cada año, con motivo del Día de la Hispanidad, un centenar largo de ultraderechistas marchan desde plaza de Espanya hasta Montjuïc.
En estas concentraciones, convocadas por los mismos partidos que asaltaron el centro Blanquerna de Madrid, se han oído consignas como "Artur Mas, cámara de gas" y se ha visto todo tipo de simbología fascista, nazi y falangista. Las manifestaciones no solo están autorizadas por la Delegación del Gobierno español, sino que cuentan con un amplio dispositivo de protección policial.
Pero no es necesario ir hasta los partidos de extrema derecha para encontrar apología y exaltación del franquismo. Ya no tiene el Cara al sol de sintonía en el móvil ni el retrato de Franco en el despacho –hasta hace poco, sí-, pero el alcalde popular de Beade (Ourense), Senén Pousa, no esconde sus raíces franquistas. "Soy un demócrata, pero vengo del franquismo. Tengo mis ideas y eso no lo cambiará a nadie", decía en una entrevista el año pasado. Cuando le piden que renombre la calle Caudillo, responde: "La calle Caudillo ya se llamaba así y no lo quitaré; no molesta a nadie".
Justamente por las calles con nombres franquistas, el PP de Alacant acudió a la justicia. Pero no para exigir la retirada, sino todo lo contrario: que se volvieran a poner. Y se salió con la suya. El Ayuntamiento de la ciudad valenciana se vio obligado a iniciar el proceso de restitución de las placas franquistas de las calles del municipio, que ya habían sido retiradas. De esta manera, plazas como la de la Igualdad recuperaban el nombre de Plaza de la División Azul. También volvían otras calles como la Calle General Varela o Calle Comandante Franco.
El abogado Eduardo Ranz, especializado en memoria histórica, también presentó en su momento una demanda contra el Ayuntamiento de Tortosa, después de que los tortosinos votaran para mantener el monumento franquista, en contra de la Ley de Memoria Histórica, que obliga a la retirada. También demandó a ocho municipios españoles con denominación franquista, como Guadiana del Caudillo (Badajoz) o Villafranco del Guadalhorce (Málaga).
Ultras en un acto político en Barcelona / Sergi Alcàzar
El PP lo impidió
En Alemania, la apología del nazismo está tipificada en el Código Penal como delito. Por ejemplo, la legislación de este país contempla la imposición de multas e incluso de penas de prisión por "aprobar, negar o minimizar, en público o en privado, los actos perpetrados durante la dictadura nazi". En el Estado español, donde la Fundación Nacional Francisco Franco recibía hasta hace poco dinero público y los restos del dictador descansan en un santuario como el Valle de los Caídos, las cosas funcionan de manera un poco distinta.
La Ley de Memoria Histórica del gobierno Zapatero, contra la cual hizo una campaña tan dura la derecha española, no contempla la apología del franquismo, aunque sí contempla que "las autoridades tomarán las medidas oportunas para la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o mencionas conmemorativas de la exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la dictadura". En Tortosa nadie ha hecho nada para retirar el monumento franquista, sino todo lo contrario.
De la misma manera, en el artículo 16 dedicado al Valle de los Caídos, la Ley de memoria Histórica dice que "en ningún lugar del recinto podrán llevarse a cabo actos de naturaleza política ni exaltadores de la Guerra Civil, de sus protagonistas, o del franquismo". No obstante, cada 20 de noviembre un grupo de nostálgicos falangistas peregrina hasta el santuario para conmemorar la muerte del dictador Francisco Franco y del fundador de la Falange, José Antonio Primo de Rivera, en nombre de los cuales se celebra aquel día una misa especial.
En octubre del 2013, el grupo parlamentario de Convergència i Unió presentó una moción que instaba al Gobierno a "incorporar al Código Penal la tipificación de las conductas que impliquen la apología o el enaltecimiento del franquismo". El texto fue consensuado con PSOE, Izquierda Plural, UPyD y UPN. Pero la mayoría absolutísima del PP entonces fue suficiente para tumbar la moción en la votación en el Congreso de los Diputados: 130 votos a favor, 183 en contra y ocho abstenciones.
"Falta voluntad política"
"Sin lugar a dudas, actos de exaltación del franquismo como el que se vio en el funeral de Utrera Molina tendrían que ser sancionados inmediatamente", asegura el abogado Eduardo Ranz. No han presentado ninguna demanda por la dificultad en identificar a las personas que cantan el Cara al sol, y desconoce si la Fiscalía lo está investigando, pero insiste en que la Ley de Memoria Histórica habla también "conmemoraciones o actos de exaltación de la guerra civil y la dictadura en la vía pública".
Otra cosa es si la apología del franquismo es un delito en el Estado español, que no lo es. "Podría incluirse en el delito de incitación al odio, pero la apología del franquismo como tal no es un delito", afirma Ranz. ¿Por qué no lo es? El abogado lo atribuye a una falta de voluntad política: "Al final, hay una falta voluntad política de perseguirlo por parte del Gobierno español, que es el más próximo a la ideología de los elementos que cantaron el Cara al sol". El letrado encuentra especialmente grave la presencia del exministro del PP Alberto Ruiz-Gallardón en el entierro.
Emilio Silva, periodista, sociólogo y presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, denuncia la impunidad. "Es bastante incomprensible que pase esto, y más tratándose de una persona con una orden de detención internacional de la justicia argentina", dice Silva. Y añade: "La misma impunidad con la cual vivió hasta el final de su vida es la misma impunidad que se ha producido en su entierro". El presidente de la asociación memorialista lamenta que "tenemos naturalizada una cosa que no tendría que estarlo: esta exaltación de un régimen dictatorial responsable de miles de crímenes contra los derechos humanos".
Doble vara de medir
El pasado 22 de febrero, la ONG Amnistía Internacional advertía en su informe anual sobre 'La situación de los derechos humanos en el mundo' que, en el Estado español, "persiste el uso del delito de enaltecimiento del terrorismo para procesar a personas que ejercen de manera pacífica su derecho de libertad de expresión".
Aquel mismo día, el rapero mallorquín Josep Miquel Arenas, Valtonyc, era condenado por la Audiencia Nacional a tres años y seis meses de prisión por injurias graves al Rey y enaltecimiento del terrorismo y humillación a las víctimas en sus canciones. Un mes más tarde, la tuitera Cassandra Vera era condenada por la Audiencia Nacional a un año de prisión por hacer chistes en Twitter sobre la muerte del almirante Luis Carrero Blanco, vicepresidente del gobierno de Franco, a manos de ETA.
"Es un disparate que condenen a alguien a prisión por hacer unos tuits sobre Carrero Blanco, pero que después actos de exaltación del franquismo como este ni siquiera sean perseguidos", critica Eduardo Ranz. Mientras el Código Penal no contemple delitos como la apología del franquismo, lo que ha impedido el Partido Popular, eso seguirá pasando, lamenta el abogado.
"No tengo claro dónde se tiene que situar el límite de la libertad de expresión, pero es evidente que existe una doble moral, una doble vara de medir", señala Emilio Silva. Según el periodista, "si eso hubiera tenido lugar en otro punto geográfico, por ejemplo en el entierro de un terrorista, la fiscalía general del Estado ya habría actuado de oficio y habría gente imputada". ¿Por qué es así? Silva cree que por el diseño político de la Transición: "Hay una clase social y política vinculada con el franquismo que en cierta medida está presente en varios partidos, no solo en el PP".