El Consell Executiu abrirá este martes sus puertas al expresident Artur Mas, la exvicepresidenta Joana Ortega y la exconsellera Irene Rigau, según ha podido saber El Nacional. El objetivo de este gesto inédito es analizar en la reunión del Govern la situación creada por la sentencia del 9-N y abordar el encargo que el ejecutivo quiere plantear a los exmiembros condenados de explicar al mundo la situación de judicialización de la política en el Estado español.
El TSJC hizo pública el lunes pasado la condena de dos años de inhabilitación contra el expresident por un delito de desobediencia. Por el mismo delito, Ortega ha sido condenada a un año y nueve meses de inhabilitación y Rigau, a un año y seis meses. El Govern ya anunció el martes pasado la propuesta de que los tres se encarguen de explicar en el exterior la persecución judicial generada por la voluntad del ejecutivo de convocar un referéndum en cumplimiento del mandato del Parlament.
También el exconseller Francesc Homs espera conocer de manera inminente la sentencia del Tribunal Supremo por el mismo caso. El juicio de Homs se trasladó a Madrid a raíz de su condición de aforado como miembro del Congreso.
Esta será la primera vez en esta legislatura que personas ajenas al Consell Executiu participen en la reunión. De hecho, se trata de una prerrogativa que se ha otorgado en contadas ocasiones. Con este gesto el Govern quiere subrayar el rechazo ante una condena inédita contra un expresident y tres de los miembros de su gabinete.
Govern blindado
Este reconocimiento a los condenados por el 9-N no es ajeno a la voluntad de los socios del Govern de blindar todas las acciones que rodean el impulso del referéndum. La semana pasada, el vicepresident Oriol Junqueras explicó que el decreto de convocatoria del referéndum lo firmará todo el Govern para subrayar que se trata de una acción colegiada. Hoy, el president Carles Puigdemont y el vicepresident firman un artículo conjunto en el diario El País en el que aseguran que "los ciudadanos de Catalunya votarán".
Resonancia internacional de la sentencia
La sentencia de inhabilitación del TSJC contra Mas, que ha sido sobradamente recogida en la prensa internacional, no ha pasado desapercibida en Europa. Diferentes eurodiputados han expresado a lo largo de la semana su malestar, mientras que en el Parlamento de Westminster se ha impulsado una moción, firmada por tres diputados, del partido laborista, el SNP escocés y el galés Plaid Cymru, denunciando la condena a los exmiembros del Govern.
El Consell Executiu de este martes comienza media hora antes, a raíz de la convocatoria del pleno de presupuestos a primera hora de la tarde. Durante la reunión se analizará la situación de los cuatro encausados, una vez tanto el fiscal como la defensa han anunciado que recurrirán ante el Supremo, por lo que la sentencia no es todavía firme.
Mas ya tenía encomendada, entre sus funciones como expresident, la de explicar el proceso en el exterior. Ahora, sin embargo, el ejecutivo le pedirá que intensifique esta actividad.
El Govern, si así lo decidiera, tiene incluso la capacidad, según la ley que regula su funcionamiento, de crear comisiones de carácter temporal o permanente "que tendrán las funciones que específicamente les atribuya o les delegue".
De momento, Rigau mantiene con normalidad su actividad como diputada en el Parlament, dado que la sentencia ni es firme ni ha sido comunicada a la cámara. Por lo que respecta a Ortega, no se dedica ya a la actividad política, aunque ha dejado vislumbrar públicamente su voluntad de ser candidata al Ayuntamiento de Barcelona.