El comisionado de la ONU para los derechos humanos ha exigido este jueves que España respete los derechos fundamentales en Catalunya en su respuesta al referéndum. En una nota publicada este mediodía, ha compartido un informe emitido por dos de sus expertos, David Kaye y Alfred de Zayas, donde se hacen eco de la represión que el Estado español ha llevado a cabo en Catalunya para evitar la celebración del referéndum.
Los expertos, que han estado en contacto con el gobierno de España, piden a las autoridades españolas que con "las medidas adoptadas" antes del referéndum "no interfieran" con los derechos fundamentales a la libertad de expresión, reunión y asociación y participación pública.
"Las medidas que estamos presenciando son preocupantes porque parecen violar derechos individuales fundamentales, limitando el flujo de información pública y la posibilidad de un debate abierto en un momento crítico para la democracia española", alertan.
También avisan que el envío de más de 4.000 agentes de policía Nacional y Guardia Civil y "la retórica que acompaña esta orden" puedan aumentar las tensiones y el malestar social en Catalunya. Dicho esto, los expertos instan a "todas las partes" a ejercer la mayor moderación y a evitar actos violentos en el contexto de unas protestas que presuponen "pacíficas".
"Independientemente de la legalidad del referéndum, las autoridades españolas tienen la responsabilidad de respetar los derechos que son esenciales para las sociedades democráticas", insisten, citando el informe de los expertos.
Protestas, registros y acusaciones de sedición
En el texto, se hace un repaso a todo lo que ha pasado a Catalunya desde que el Tribunal Consitucional declaró inconstitucional el referéndum el día 6 de septiembre. "Desde la sentencia, centenares de miles de catalanes han salido a la calle para protestar", continúan, asegurando que las tensiones han aumentado con el registros en las imprentas y la incautación de materiales electorales.
También hablan del bloqueo a sitios web y reuniones políticas relativas al referéndum. "Diferentes personajes políticos han sido arrestados, a la vez que los dirigentes de las protestas masivas han sido acusados de sedición, un crimen que comporta una pena máxima de 15 años de prisión", explica, en referencia al presidente de la ANC, Jordi Sànchez, y el de Òmnium, Jordi Cuixart.