La Ciudad Autónoma de Melilla aparece poco en los medios de comunicación. Cuando lo hace, pocas veces es para bien. Esa tendencia negativa se ha visto confirmada por toda una serie de noticias aparecidas estos últimos días de las que la ciudad era la protagonista y también, de manera muy singular, su presidente, el señor Juan José Imbroda, que encabeza también la Comisión de Comunidades Autónomas del Congreso de los Diputados. El señor Imbroda ya levantó hace pocos días un pequeño alboroto al expresar el cansancio que, según él, le produce el procés. Una vez apagado este fuego, con unas palabras de compromiso, encendía otro a raíz del entierro en Melilla, con todos los honores militares, de los restos de algunos de los protagonistas del Alzamiento de 1936. Vino a decir que algunos no admitían haber perdido la guerra. Entretanto, la tensión en la frontera de Melilla con Marruecos se reavivaba en estos días por el conflicto de las "portadoras".

Este tipo de declaraciones y actuaciones revelan, sin embargo, el callejón sin salida en el que se han metido tanto la clase política como la opinión pública y publicada del Reino de España en relación con las cuestiones territoriales y que va mucho más allá de los problemas que llegan desde Barcelona, por utilizar una expresión orteguiana.

Existe, en efecto, en España, la opinión, sobradamente extendida a todos los niveles, que el nexo territorial justifica la pertenencia al Estado. Lo expresó en su día la impagable Esperanza Aguirre, cuando dijo aquello de que "Cataluña es propiedad de todos los españoles". Es la misma actitud reflejada en la reivindicación de Gibraltar, considerado un territorio robado a España que hay que recuperar. Que en la península Ibérica exista otro estado, Portugal, se toma como un accidente o un error y, por eso, cuando de Lisboa llegan voces que hablan de unir a los pueblos ibéricos, suelen entender que los portugueses anhelan ser una comunidad autónoma española.

Existe en España la opinión, sobradamente extendida, que el nexo territorial justifica la pertenencia al Estado. Lo dijo Esperanza Aguirre: "Cataluña es propiedad de todos los españoles".

Este tipo de razonamiento podía entenderse en el contexto de los siglos XVIII y XIX y buena parte del XX. Hoy, sin embargo, está sobradamente superado desde la perspectiva del derecho internacional, donde la regla fundamental para determinar la vinculación de un territorio con un Estado es la voluntad de sus propios habitantes. Es la consecuencia del derecho de autodeterminación de los pueblos, principio estructural de la actual sociedad internacional, al que se reconoce un papel central en la consecución del objetivo de la paz y la seguridad mundiales y que, en consecuencia, se opone al uso de la fuerza en las relaciones internacionales, singularmente a la ocupación de territorios.

La aplicación de este derecho puede llevar a la secesión de un territorio para crear un nuevo Estado, pero también a validar su vinculación con un Estado determinado. Y tanto en un caso como en el otro, el referéndum es su instrumento más claro. Por esta razón los británicos han convocado dos referéndums en Gibraltar y otro en las islas Falkland (Malvinas): para afianzar la voluntad de sus habitantes de permanecer en Gran Bretaña.

Mira por dónde, eso nos trae de vuelta a la Melilla del señor Imbroda. Si atendiéramos a los criterios geográficos que suelen invocar el gobierno y la diplomacia españolas, Melilla, como también Ceuta y todas las islas e islotes de soberanía española sobre la costa de Marruecos, tendrían que ser entregadas inmediatamente a la monarquía alauí. Sin embargo, el principio de autodeterminación obliga a priorizar la voluntad de las poblaciones afectadas por encima de cualquier reivindicación territorial irredentista. Lisa y llanamente, sólo la ciudadanía de Ceuta y Melilla puede determinar si quiere seguir, o no, vinculada al Estado español, como en Gibraltar y, sí, como tiene que decidir Catalunya. En todos estos casos, la solución pasa por un referéndum de autodeterminación.

Sólo la ciudadanía de Ceuta y Melilla puede determinar si quiere seguir, o no, vinculada al Estado español, como Gibraltar, y, sí, como Catalunya.

Ahora bien, invocar el principio de autodeterminación para defender la españolidad de Melilla requeriría introducir cambios profundos en la ciudad autónoma. Entre otros, el reconocimiento de la oficialidad de la lengua amazig, la garantía del culto de la religión musulmana y, en general, la supresión de las discriminaciones hacia la población africana. Melilla se libraría así de sus tics coloniales entre los cuales, por cierto, la escenografía franquista que impregna la ciudad es el más visible, como se ve en la fotografía. Sin embargo, la convocatoria de un referéndum en Melilla sería muy arriesgada para los intereses españoles. Es triste pensar que lo único que salva la vinculación de Melilla con España es que la situación de los derechos humanos en el Rif es aun peor.

Más pronto que tarde, la cuestión de Melilla y de los territorios españoles en Marruecos, se planteará de nuevo. En la situación actual de las relaciones internacionales, es impensable que pueda resolverse por la fuerza. Eso llevará necesariamente a un referéndum en el que la ciudadanía de Melilla tendrá que optar por incorporarse a Marruecos o seguir en España. Por eso el señor Imbroda haría bien al entender los argumentos de esta reivindicación catalana que se le hace tan pesada. Quizá algún día los necesitará para defender la españolidad de Melilla en el referéndum.

Ferran Armengol Ferrer es Profesor asociado de Derecho internacional público y relaciones internacionales, Universitat de Barcelona.