Las dos horas largas de reunión que han celebrado esta tarde en Barcelona la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, y el vicepresident, Oriol Junqueras, han servido para constatar una vez más el choque abierto entre el Estado y la Generalitat en relación al referéndum.
"Nosotros le hemos dicho que la voluntad de hablar de cómo hacemos un referéndum acordado se mantiene toda, pero ella ha dicho que de eso no quieren hablar", ha asegurado Junqueras al acabar el encuentro en declaraciones en el vestíbulo del departamento de Economía. "Lo preferimos acordado pero no renunciaremos a hacerlo; en ningún caso renunciaremos al derecho a decidir a cambio del derecho a pedir permiso", ha remachado.
Poco antes había sido la número dos del ejecutivo español quien, también en declaraciones en la entrada del departamento, había dejado claro con la misma contundencia que el referéndum no se puede negociar porque eso es competencia del "pueblo español". "No podemos negociar aquello que no podemos disponer. Es una cuestión que decide el conjunto del pueblo español. No tenemos capacidad de decisión", ha asegurado Santamaría.
Forcadell y Mas
Aunque la vicepresidenta ha entrado pocos minutos después de las cinco en el departamento asegurando que no venía a hablar del referéndum, lo cierto es que la reivindicación catalana ha ocupado una buena parte de la conversación. No sólo eso, Junqueras ha advertido a la número dos del gobierno sobre los riesgos de mantener la judicialización del proceso. El vicepresident ha puesto encima de la mesa los casos de la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y del expresident, Artur Mas, los dos pendientes de juicio, y ha alertado de los peligros que puede comportar esta espiral.
La vicepresidenta, por su parte, ha expresado al político republicano la preocupación por lo que considera una "fractura social" que el proceso está provocando en Catalunya. Con todo, la número dos del Gobierno le ha asegurado que está encantada de venir a Catalunya.
La reunión había empezado pocos minutos después de las cinco, cuando Soraya se ha presentado en el departamento de Economia. Ha llegado a pie después de bajar del coche a unos metros de la puerta de la conselleria y ha hecho unas declaraciones a los periodistas que esperaban en la puerta donde ha dejado claro que el objetivo no era hablar del referéndum sino de "lo que preocupa" a los catalanes. Mientras Santamaría hablaba, se han escuchado algunos gritos de protesta entre las personas que a aquella hora paseaban por la Rambla Catalunya.
La reunión ha sido más larga del previsto, tanto que la vicepresidenta ha perdido el vuelo con qué tenía previsto volver a Madrid. Ha sido una conversación "cordial" según las dos partes pero sin ningún resultado. Al acabar, aunque no se preveía que hubiera declaraciones, Santamaría ha expresado la voluntad dar su versión a la prensa. Lo ha hecho en el vestíbulo de la conselleria. Acto seguido, ha sido el vicepresident quien ha comparecido.
Posteriormente, Junqueras se ha trasladado al palau de la Generalitat donde ha explicado al presidente, Carles Puigdemont, cómo había ido la entrevista.
La reunión había sido solicitada por Junqueras en una carta dirigida a Sáenz de Santamaría el pasado 21 de noviembre, y se ha celebrado justo una semana antes de la conferencia de presidentes autonómicos, a la cual el presidente de la Generalitat ya ha anunciado que no irá.
En las declaraciones posteriores, Santamaría ha advertido a Junqueras que las 46 reivindicaciones que Puigdemont trasladó al presidente español, Mariano Rajoy, en la reunión que mantuvieron el pasado mes de abril estarán muy ligadas a los asuntos que se abordarán en la conferencia de Presidentes del próximo 17 de enero.
De su parte, el vicepresident ha trasladado a la número dos del gobierno la preocupación por la "incapacidad" que demuestra el ejecutivo español para gestionar los fondos de reserva de la seguridad social y por la "gestión inadecuada" que se está haciendo con el aumento del tipo de interés, cuando el Estado ha anunciado que emitirá deuda por valor de más de 550 millones de euros cada día. "Tienen que ser conscientes de los riesgos que eso comporta", ha advertido.