El mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero, ha entrado esta tarde un escrito en la Fiscalía dirigido al fiscal superior de Catalunya, José María Romero de Tejada, en el que solicita que se reconsideren los términos en que se ha decidido situar a la policía catalana bajo la coordinación del Ministerio del Interior en el dispositivo para frenar el referéndum, según el documento al que ha tenido acceso El Nacional. Trapero había sido convocado esta tarde a la primera reunión de coordinación bajo la dirección del representante del ministerio, Francisco López de los Cobos, y no se ha presentado. El mayor ha delegado su presencia en el comisario superior de coordinación territorial, Ferran López.

"Este cuerpo policial ha cumplido escrupulosamente y en todo momento con los requerimientos y las órdenes dadas por esta Fiscalía, sin que haya recibido ninguna directriz u orden de ampliar o modificar su forma de actuación", subraya el mayor, por lo que reprocha que "no queda justificada la medida adoptada".

Asimismo advierte que la instrucción que situa a la policia catalana bajo la coordinación del Ministerio puede entrar en colisión con las competencias atribuidas a los Mossos y con los mecanismos legalmente establecidos para resolver las incidencias que se produzcan en la coordinación con los cuerpos policiales estatales.

Trapero tampoco esconde el malestar que la decisión del fiscal ha provocado en el cuerpo. "La medida adoptada afecta a la profesionalidad y prestigio del Cuerpo de Mossos d'Esquadra respecto a lo que ha estado y es su dedicación y compromiso en el ejercicio de sus funciones de policía judicial, seguridad ciudadana y orden público, competencias que desarrolla con el más absoluto rigor, respeto y lealtad al ordenamiento jurídico y a aquellos de quien depende tanto orgánicamente como funcionalmente", denuncia en el texto.

El texto, de cinco páginas, hace un repaso de las diferentes instrucciones emitidas desde la Fiscalía e insta a convocar la Comisión de Coordinación Policial, que fija la Junta de Seguridad de Catalunya como responsable de la coordinación de los diferentes cuerpos.

 

Trapero admite que en la reunión del sábado en la sede de la Fiscalia, De los Cobos reprochó que el plan de actuación de los Mossos ante el 1-O era insuficiente para evitar la apertura de los colegios electorales, pero añade que tampoco esta medida "había sido concretada ni ordenada por ninguna autoridad judicial".

El máximo responsable de los Mossos enumera los preceptos de la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en que se ampara la intervención del cuerpo y advierte que no está justificada la medida y que puede provocar un "conflicto con el bloque constitucional relativo a la distribución de competencias que se ha concretado en una ley orgánica posterior como es la del Estatut", además de "ignorar todos los años de servicio y ejercicio del cuerpo".

"En definitiva, la adopción de esta medida no puede sustentarse en este precepto porque la circunstancia que regula no se da en este caso. Asumir lo contrario supondría de facto sustraer las competencias de mando y gestión operativa del Cuerpo de Mossos d'Esquadra, legalmente atribuidas a la Generalitat de Catalunya y a la estructura de mando del Cuerpo," advierte.