Viernes tras viernes, Soraya Sáenz de Santamaría anuncia que el Gobierno español llevará una nueva ley catalana al Tribunal Constitucional. El número de leyes del Parlament denunciadas ante este tribunal se ha multiplicado exponencialmente a lo largo de la legislatura de Mariano Rajoy. Mientras que en Catalunya el procés independentista cogía fuerza con la manifestación del 2012, en Madrid empezaba una ofensiva contra las normas catalanas.
Los últimos meses de Gobierno en funciones han evitado al Ejecutivo español celebrar sesiones de control, en cambio no han detenido los recursos al TC. Al contrario. Desde el pasado 20-D, se han presentado ocho recursos de inconstitucionalidad que han desembocado con la suspensión de siete leyes catalanas, y una, pendiente de ser admitida a trámite.
Todo tipo de leyes aprobadas por el Parlament han acabado en la mesa del alto tribunal acompañadas de un recurso de inconstitucionalidad cortesía del Ejecutivo de Rajoy. La diana de estos recursos no se limita a normas relacionadas con el procés independentista, sino que también se han visto afectadas las políticas sociales y los métodos de recaudación de impuestos de la Generalitat.
El argumento principal que utiliza al Ejecutivo para recurrir las leyes soberanistas es la vulneración de los principios constitucionales como la “indisoluble unidad de la nación española”. En el caso de los recursos a políticas sociales e impuestos, el argumento citado es la invasión de competencias del Estado por parte de la Generalitat.
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“No pasaremos ni una”
El mismo presidente español confirmó esta ofensiva judicial contra Catalunya el pasado enero. “No dejaremos pasar ni una sola actuación contra la unidad de España y la soberanía o en contra de la ley y los tribunales”, decía Rajoy, el día que Puigdemont fue investido. La vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, insistía en la misma idea unas semanas más tarde: “Ni una”.
Rajoy aseguraba que, a pesar de ser un Gobierno en funciones, tenían “más instrumentos que nunca” para defender la legalidad. Esta afirmación se ha traducido en más recursos que nunca al TC. “Estamos en plenas facultades y estaremos pendientes”, avisaba Rajoy.
La vida de una ley en el TC
El funcionamiento del TC se organiza en cinco trámites. Cuando el Gobierno español valora que alguna ley es contraria a los principios constitucionales, presenta un recurso al tribunal. Este, en la gran mayoría de casos, acepta a trámite el recurso, cosa que provoca que la ley quede suspendida automáticamente si así lo ha pedido el Ejecutivo.
La suspensión se mantiene durante cinco meses, después de los cuales se tendrá que decidir si se alarga o se levanta. El hecho de que la suspensión sea levantada no es garantía de que finalmente la ley sea avalada por el tribunal. Una vez acabada la deliberación, el órgano emite una sentencia firme donde se decide si la ley es constitucional o no. En este último caso, la ley queda anulada y no se puede aplicar.
¡Inconstitucional! ¡Inconstitucional!
De las 35 leyes que el Gobierno español ha recurrido en el TC en los últimos cuatro años, 14 han sido anuladas permanentemente. Y 15 se encuentran suspendidas, a la espera de que el tribunal decida si infringen la legislación española o no. En este caso, las leyes no se pueden desarrollar ni aplicar hasta que no haya una sentencia firme.
Sólo en dos ocasiones se ha dado la razón al Govern de la Generalitat y se ha declarado que las leyes son “conforme con la Constitución”. En concreto, las dos leyes avaladas fueron la Ley 3/2012 de urbanismo y el apartado de la ley 5/2012 sobre tasas judiciales y turísticas.
A dos leyes, se les ha levantado la suspensión durante este periodo. Eso significa que pueden aplicarse mientras el TC no tome una decisión.
Catalunya esquiva el tribunal
El conseller de Justícia de la Generalitat, Carles Mundó, ya ha mostrado su indignación por esta situación más de una vez. Mundó denuncia un "abuso de derecho con la presentación sistemática de recursos delante del TC para resolver cuestiones políticas". La consellera de Presidencia, Neus Munté, aseguró que la estrategia del Govern seguirá siendo la de "esquivar estos obstáculos para garantizar el objetivo de las leyes".
En el Parlament, se aprobó una moción conjunta de JxSí i la CUP dónde “se anima a los cargos electos a seguir desatendiendo las peticiones de las instituciones no democráticas del Estado”, en referencia al TC, pero sin hacer una mención explícita.
La CUP, por su parte, ha hecho llamamientos repetidamente a desobedecer las sentencias. El partido presiona al Govern para que ignore las prohibiciones y saque adelante las leyes impugnadas. Optan por aplicar impuestos suspendidos como el de los depósitos bancarios, de las nucleares o de las viviendas vacías.
Los recursos de la Generalitat
La Generalitat ha respondido a esta lluvia de recursos con la misma medicina. El Ejecutivo catalán ha recurrido una cincuentena de actuaciones del Gobierno por invasión de competencias. El tribunal ha dado la razón a Catalunya en temas sobre invasión de competencias en Seguridad Social o protección civil.
En cambio, se han desestimado recursos como el de la tercera hora de castellano en las escuelas, el control de medios de comunicación audiovisual o la ley de la dependencia.