Hoy empieza el juicio del mayor caso de corrupción urbanística que se ha investigado nunca en Catalunya. 11 acusados de diferentes ayuntamientos, empresas y partidos políticos afrontan penas de entre uno a 8 años de prisión y multas millonarias.
La trama sale de Santa Coloma de Gramenet pero salpica a Badalona y Sant Andreu de Llavaneres. Hay 11 acusados, entre ellos el exalcalde de Santa Coloma de Gramenet Bartomeu Muñoz y los ex altos cargos de la Generalitat durante los gobiernos de Jordi Pujol, Lluís Prenafeta y Macià Alavedra. Entre ellos Luís García Luigi, que ligaba todas las operaciones y está considerado el cerebro de la trama. Y en banquillo de los acusados con ellos, empresarios de diferentes constructoras que habían conseguido obras públicas.
El juicio llega sin acuerdo posible ante las multas millonarias que ha pedido la Fiscalía para llegar al pacto.
El juicio empieza hoy y acabará en septiembre. Las 26 sesiones se irán intercalando a lo largo de seis meses por los compromisos judiciales de algunos de los abogados, como Cristóbal Martell, letrado del jefe de la trama, Luís Andrés García Luigi. Martell alternará las sesiones del juicio por el caso Pretoria con las de Palau de la Música, donde asiste como abogado a los empresarios de Ferrovial.
Pretus, el origen
Aunque no hay ningún responsable imputado, el caso Pretoria debe su nombre al bufete de asesoría fiscal y abogados Pretus, con sede en Barcelona, por su participación en las principales operaciones urbanísticas en las que el entramado habría intervenido para embolsarse importantes cantidades de dinero de forma ilícita.
De hecho, recientemente, la investigación periodística bautizada con el nombre de los papeles de Panamá puso al descubierto que la fuente de financiación que hacía posible estas operaciones provenía de una red de empresas opacas en paraísos fiscales que controlaba el expresidente de Burberry en España, Eugenio Mora, a través del Pretus.
Según la investigación de la Audiencia Nacional, el responsable ideológico de todo es Luís Andrés García Sáez, conocido popularmente como Luigi, un exdiputado del PSC expulsado del partido a finales de los noventa por otro caso de corrupción. A partir de él se habría gestado un entramado de empresas, contactos políticos y altos cargos institucionales para manipular proyectos urbanísticos de Santa Coloma de Gramenet, Sant Andreu de Llavaneres y Badalona.
Las tres operaciones que se investigan se desarrollaron entre 2001 y 2009. Luigi actuaba como conseguidor por su influencia sobre determinadas administraciones y, para llevar a cabo sus acciones, contaba con Manuel Valera como testaferro, un hombre de su más estrecha confianza y que actuaba como administrador de la mayoría de empresas que controlaba.
Además de Luigi, también ejercían presión sobre los ayuntamientos los ex altos cargos de Convergència Macià Alavedra y Lluis Prenafeta, principales destinatarios de las comisiones que se cobraban. Según la Fiscalía, Luigi habría ganado 5,8 millones de euros, Alavedra 6 millones de euros y Prenafeta cerca de 15 millones de euros.
Para ocultar las ganancias, además, tejieron un complejo entramado de empresas opacas en paraísos fiscales, como Suiza, Andorra o las Islas Caimán. Prenafeta se apoyó en su mujer, Lluïsa Mas, también acusada por blanqueo de capitales; mientras que a Alavedra lo habrían ayudado dos colaboradores suyos, también acusados, Glòria Torres y Philip McMahan.
Operación Pallaresa
En Santa Coloma de Gramenet, el entorno de Luigi lo configuraban el mismo alcalde de Santa Coloma, Bartomeu Muñoz Bartu; el concejal de Urbanismo, Manuel Dobarco y el presidente de Proinosa, Josep Singla. El entramado habría participado, en beneficio propio, en la manipulación del proyecto urbanístico La Pallaresa, que incluía un centro comercial y viviendas protegidas.
El grupo, según revela la investigación, influyó en la redacción de las condiciones del Ayuntamiento para acceder al concurso público del proyecto; en la adjudicación, en un grupo de empresas en el que participaba Proinosa, y en posteriores modificaciones urbanísticas para revalorizar los terrenos de lo que hoy se conoce como Cúbicos.
Todo el proceso administrativo en el seno del Ayuntamiento que hizo posible el pelotazo se alargó varios años. El proyecto se licitó en el 2001 por 11,2 millones de euros y sólo cuatro años más tarde, en el 2005, se acabó vendiendo por cerca de 28 millones de euros. Las plusvalías y comisiones que se pagaron para cerrar con éxito la operación se las habrían repartido entre los acusados.
Operación Badalona
En el caso de Badalona, el modus operandi se vuelve a reproducir y Luigi, Valera, Prenafeta y Alavedra intervienen para revalorizar unos terrenos en torno a lo que después sería el Puerto de Badalona, a cambio del cobro de cuantiosas comisiones por parte de las empresas interesadas en los terrenos.
El grupo utiliza sus contactos en Marina Badalona para consumar el segundo pelotazo entre 2002 y 2004, cuando un grupo de empresas de la órbita de Luigi financió la sociedad municipal para que pudiera comprar los terrenos al ICO, quien era el propietario. Posteriormente el entramado adquirió la finca por 12,5 millones de euros y sólo un año y medio más tarde la vendía por cerca de 29 millones de euros a las empresas realmente interesadas en los terrenos.
Operación Niesma
En Sant Andreu de Llavaneres se repitió el mismo esquema, en una operación que se llevó a cabo entre 2003 y 2007 en la zona de Can Riviere. Luigi se valió también de Alavedra y Prenafeta para influir en la recalificación de los terrenos y utilizó empresas de Prenafeta para repartir las comisiones.
En Llavaneres, Luigi también contó con tres personas clave que finalmente no han sido acusadas. Se trata del exalcalde y exconcejal de Urbanismo, Victor Ros y Antoni Jiménez, y de quien entonces era jefe de Plan Territorial Metropolitano de Barcelona, Genís Carbó, que tenía que dar luz verde a la recalificación. En el caso de Carbó, los delitos ya habrían prescrito.
Así, entre 2003 y 2004, Niesma –la empresa que Valera gestionaba para Luigi y que da nombre a la operación– compró unos terrenos a Llavaneres por un valor total de 5,5 millones de euros, en parte financiados por los beneficios de Santa Coloma. En el 2005, después de las recalificaciones pactadas en el sí del entramado, se vendían los terrenos por 9,4 millones de euros.
El caso de Limasa
Aparte de las operaciones urbanísticas, el juicio del caso Pretoria también juzgará la manipulación de un concurso por los servicios de limpieza del Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet, y que 'Bartu' habría manipulado a cambio de comisiones para que la adjudicación recayera en Limasa, una empresa propiedad de un amigo suyo, el también acusado Manuel Carrillo.
Las peticiones del fiscal
Por estos hechos, la fiscalía pide ocho años de prisión para Luigi y multas por valor de 10,7 millones de euros, por tres delitos de tráfico de influencias en las operaciones de Santa Coloma, Llavaneres y Badalona, y un delito de blanqueo de capitales. Además, se reclama el decomiso del dinero que se habría embolsado ilegalmente, más de 5,8 millones de euros.
Para Alavedra y Prenafeta, el fiscal pide seis años y diez meses de prisión para cada uno de ellos por dos delitos de tráfico de influencias en las operaciones de Llavaneres y Badalona y uno de blanqueo de capitales. Las multas en este caso son de 10,3 millones de euros para Alavedra y 13,7 millones de euros para Prenafeta. También propone la fiscalía el decomiso de parte del dinero que habría ganado ilegalmente: 3,2 millones de euros, Alavedra, y 5,8 millones de euros, Prenafeta.
En el caso del excalcalde de Santa Coloma de Gramenet, Bartomeu Muñoz, la petición de penas del fiscal también es de seis años y diez meses de prisión, pero en su caso por dos delitos de soborno, uno vinculado a la operación Pallaresa y el otro en el marco de la adjudicación del contrato de limpieza del Ayuntamiento en la empresa Limasa. Para Muñoz también está la petición de inhabilitación durante trece años, multas por valor de 4,2 millones de euros y el decomiso de 1,1 millones de euros de ganancias ilícitas y de un ático en la zona alta de Barcelona.
El resto de acusados se enfrentan a penas menores, que les podrían evitar la prisión si consiguieran una rebaja sustancial en caso de condena. Philip McMahan, el hombre que presuntamente gestionaba desde Andorra el dinero negro de Alavedra, se enfrenta a tres años y medio de prisión y 4,2 millones de euros de multa por un delito de blanqueo de capitales.
Otra colaboradora del mismo Alavedra, Glòria Torres, se enfrenta a una petición de condena de tres años y medio de prisión y 9,4 millones de euros de multa por el mismo delito. También de blanqueo de capitales está acusada la mujer de Prenafeta, Lluïsa Mas, para quien el fiscal pide dos años y medio de prisión y 630.000 euros de multa.
Manuel Dobarco, exconcejal de Urbanismo de Santa Coloma, se enfrenta a una petición de un año de prisión, cinco de inhabilitación y 4,1 millones de euros de multa por tráfico de influencias. Para el exdirector de Proinosa, Josep Singla, piden once meses de prisión y 1,5 millones de euros de multa, también por tráfico de influencias.
Para el responsable de Niesma y uno de los testaferros clave de Luigi, Manuel Valera, el fiscal pide dos años y nueve meses de prisión y multas por valor de 6,1 millones de euros por tres delitos de tráfico de influencias; mientras que el responsable de Limasa, Manuel Carrillo, se enfrenta a tres años de prisión y 19.400 euros de multa, acusado de soborno.
El Ayuntamiento de Santa Coloma, acusación particular
El Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet, principal epicentro del caso, ejercerá la acusación particular contra aquellos acusados que, según el consistorio, han dañado la ciudad. El caso más claro es el del exalcalde, a quien el Ayuntamiento le reclama siete años de prisión, dieciocho de inhabilitación, multas por valor de 5,2 millones de euros y el retorno de 1,7 millones de euros que se habría embolsado ilegalmente, elevando sustancialmente la petición de condena de la Fiscalía.
El consistorio también se persona contra Luigi –cuatro años de prisión y 3,4 millones de euros de multa–, Valera –tres años de prisión y 3,4 millones de euros de multa–, Singla –tres años y medio de prisión y 1,8 millones de euros de multa– y Carrillo –tres años y medio prisión y 1,8 millones de euros de multa.
Un juicio de seis meses
El juicio, que arranca hoy, está previsto en 26 sesiones que se alargarán durante los próximos seis meses para analizar los hechos descritos en un sumario de 30 volúmenes y más de 11.400 folios. Los once acusados está previsto que declaren los dos primeros días, el 13 y 14 de marzo, y después lo harán una retahíla de hasta 135 testigos, entre empresarios, políticos y funcionarios.
Pasarán por la Audiencia Nacional exconcejales de casi todos los partidos de Santa Coloma de Gramenet y también altos cargos del Ayuntamiento de Santa Coloma en época de Bartomeu Muñoz. De entre todos ellos destaca la declaración que pueda ofrecer la exinterventora de Santa Coloma que ayudó a destapar la trama, Maite Carol, citada para el 23 de mayo.
Testigos de excepción
En el caso de Badalona, se espera los testimonios de los exalcaldes Maite Arqué y Xavier García Albiol, además del exgerente del Puerto de Badalona, Juan Felipe Ruiz. También están citados a declarar los exresponsables políticos del Ayuntamiento de Llavaneres, como el exalcalde Víctor Ros o el exconcejal de Urbanismo Antoni Jiménez, inicialmente imputados por Garzón por esta causa.
Los empresarios Lluís Casamitjana, Jorge Mensa o Enrique Viñas; el expresidente de Burberry Eugenio Mora, el responsable del bufete Pretus, Francisco Pretus, o la exalcaldesa de Santa Coloma Manuela de Madre serán otros de los testigos destacados que pasarán por la Audiencia Nacional.