El Centro Nacional de Inteligencia (CNI) se ha visto envuelto en múltiples operaciones de alto nivel, pero pocas han sido tan delicadas como aquella destinada a recuperar material comprometedor relacionado con Juan Carlos I en Rumanía. Este episodio, que tuvo lugar a finales de los años 80 tras la caída del régimen de Nicolás Ceaucescu, refleja hasta qué punto los servicios secretos españoles trabajaron para proteger la imagen del rey emérito, cuyo papel era crucial durante la transición democrática española.
En los años de poder de Ceaucescu, se sabía que el dictador rumano utilizaba sistemas avanzados de vigilancia para grabar a los dignatarios que visitaban el país. Entre ellos figuraba el propio Juan Carlos I, quien mantuvo reuniones con Ceaucescu en el marco de las relaciones diplomáticas. Sin embargo, esos encuentros no se limitaron al terreno político. Según información confidencial, el régimen rumano habría captado al rey en situaciones íntimas, especialmente en compañía de mujeres. Este material, de salir a la luz, podría haber supuesto un golpe devastador para la monarquía y para la estabilidad política de España.
El CNI se desplaza a Rumanía para recuperar unos documentos clave que salpicaban a Juan Carlos I
La caída de Ceaucescu en 1989 desató una lucha frenética entre diversos servicios de inteligencia europeos y norteamericanos, interesados en los archivos que el dictador había acumulado durante su mandato. En este contexto, según recoge elcierredigital, el CESID, precursor del CNI, inició una operación urgente para eliminar cualquier grabación que pudiera comprometer a Juan Carlos I. Al frente de esta misión estuvo Emilio Alonso Manglano, entonces director del CESID y estrecho aliado del monarca, quien comprendió que un escándalo de esa magnitud habría destruido no solo la reputación del rey, sino también la confianza del pueblo español en la institución monárquica.
El operativo, de alto riesgo, fue liderado por Juan Alberto Perote, jefe de operaciones del CESID. Cuatro agentes, dos hombres y dos mujeres, fueron enviados a Rumanía con identidades falsas para infiltrarse en los archivos del antiguo régimen. Su misión no era sencilla: localizar las grabaciones específicas de Juan Carlos I entre miles de documentos y destruirlas sin dejar rastro.
Gracias a una combinación de espionaje, sobornos y contactos locales, los agentes lograron acceder a los materiales, que estaban almacenados en una ubicación secreta bajo custodia de antiguos funcionarios del régimen. Aunque enfrentaron múltiples complicaciones, la operación fue un éxito total, y las grabaciones fueron destruidas antes de que cayeran en manos de la prensa o de grupos contrarios a la monarquía.
Este episodio, desconocido para el gran público durante años, ilustra el papel crucial del CNI en la protección de los intereses del Estado y, en particular, de los secretos más oscuros de la Casa Real. Para Juan Carlos I, este esfuerzo fue vital para preservar su imagen en un momento en que su figura era sinónimo de estabilidad para España. Sin embargo, también abre interrogantes sobre los límites de la intervención estatal en la protección de los miembros de la monarquía y el coste que estos operativos pueden tener para la democracia y la transparencia. Él, sin embargo, no evita que, décadas después, la figura de Juan Carlos I siga rodeada de controversias, y casos como este alimentan la percepción de que el rey emérito, además de ser un símbolo histórico, fue también un personaje cuyas sombras necesitaron toda la maquinaria del Estado para permanecer ocultas.