Aunque se cumple un año ya desde las primeras revelaciones de Jaime del Burgo sobre las presuntas infidelidades de la reina Letizia al rey Felipe VI, y ya no se habla tanto como hace unos meses, el asunto sigue generando controversia y polémica en la monarquía. Además, tanto los implicado como ajenos están a expensas de la producción del documental que prometió Del Burgo en el que revelaría todos los secretos que conoce y en los que ha estado involucrado.

Y mientras se alarga la espera, otros escarban en el pasado de Letizia con el objetivo de arrojar luz sobre el asunto, destapando otros detalles que tampoco dejan indiferente a nadie. Por ejemplo, el que tiene que ver con la jugosa cantidad de dinero que se pagó para ocultar documentos relacionados con el paso de la actual consorte por México en su época de estudiante.

Letizia en México
Letizia en México

Zarzuela intervino para tapar un vídeo escandaloso de la reina Letizia

Según detalla el libro 'Letizia, una biografía no autorizada' de Joaquín Abad, un episodio del pasado de la consorte en México resultó ser tan comprometedor que Zarzuela tomó medidas drásticas para ocultarlo. En la década de los 90, cuando Letizia residía en este país estudiando periodismo, participó en un debate académico donde expresó opiniones antimonárquicas y abogó por la República. Este evento fue grabado y, años después, el material fue ofrecido a cambio de una cifra exorbitante. Para evitar que viera la luz, la Casa Real organizó una operación en la que Televisión Española (TVE) pagó 1 millón de euros a un estudiante mexicano que tenía la grabación.

Letizia y Alfredo Urdaci efe
Letizia y Alfredo Urdaci efe

El papel de TVE fue crucial en esta operación, actuando como intermediario para adquirir y destruir el material. Según Abad, Alfredo Urdaci, entonces director de Informativos de TVE, recibió instrucciones directas de Zarzuela para llevar a cabo la transacción. "Urdaci manejó la operación con discreción, asegurándose de que el vídeo desapareciera por completo", señala el autor. Este movimiento no solo implicó recursos financieros significativos, sino que plantea serias dudas sobre la ética en la gestión de información relacionada con la monarquía y el uso de dinero público.