Juan Carlos sigue filtrando desde de Abu Dhabi que quiere volver a España y alguien le ofrece que viva en casa de su hermana muerta, Pilar. Felipe y Letizia no ven claro que un investigado en tres sumarios judiciales por fraude fiscal y amenaza de prisión pueda vivir en Zarzuela. El caso del AVE a la Meca, el caso de los millones en paraísos fiscales y el caso de las tarjetas black siguen en manos de las fiscalías española y suiza y el emérito será citado a declarar con toda probabilidad. El caso más oscuro es el de las black porque afecta a la reina Sofía y algunos de los nietos. Ahora, por primera vez, un juez filtra de qué nietos se trata.
No salta la sorpresa, los dos nietos que han tirado de tarjetas black sin complejos son Froilán y Victoria Federica. Una VISA sin declarar a Hacienda contra cuentas corrientes en el extranjero en paraísos fiscales a través de un testaferro mexicano. Según publica El Confidencial "Froilán y Victoria Federica fueron los que más recurrieron a esta línea de financiación. Las hermanas y sobrinos de Felipe VI habrían cargado numerosos recibos por trayectos en vehículos de Uber, decenas de tiques de compra en El Corte Inglés y otros centros comerciales e incluso recibos de clases de piano, aseguran fuentes cercanas al caso". No se pagaban ni el piano.
El escándalo será monumental porque los dos hijos de Elena son mayores de edad, imputables, cómplices y beneficiarios directos de delitos fiscales de su abuelo. La justicia ya filtra que eran los únicos nietos que disponían de dinero negro: "Froilán y Victoria Federica fueron los que hicieron uno uso más intensivo de esta fórmula de pago. En El Corte Inglés los descendientes del Rey emérito no solo usaron la tarjeta black sino tarjetas cliente de la propia cadena de grandes almacenes con el saldo disponible en la cuenta del testaferro". Tiraban de VISA black.
Enmascarados por delincuentes: se pagan el piano, la yegua de Victoria y las compras de niños ricos robando a Hacienda. Lo que han hecho entra dentro de la categoría de delito: "Superaría en al menos tres ejercicios los 250.000 euros anuales, el límite para que un fraude a Hacienda por transferencias no declaradas se convierta delito fiscal". Y son 5 años de prisión. La reclamación de Hacienda puede dejar paso en cualquier momento a la vía penal. Y en la prisión no hay piano.