El panorama actual de la relación entre el Gobierno y la Casa Real es tenso y está marcado por una serie de desencuentros. A pesar de los esfuerzos de Pedro Sánchez y Felipe VI por transmitir una imagen de colaboración, la realidad es que la relación atraviesa momentos complicados. Uno de los focos de fricción se encuentra en la mala relación entre el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, y Camilo Villarino, jefe de la Casa de S.M. el Rey. Esta confrontación ha afectado incluso la presencia española en eventos internacionales, como la inauguración de Notre Dame, que, a pesar de ser un evento de gran trascendencia, no contó con representación española, mientras que otros países estuvieron presentes.
Dentro de este contexto, Juan Carlos I se perfila como una pieza fundamental en este juego de tensiones. La Casa Real ha tomado una postura firme en cuanto a la figura del exmonarca. En particular, el homenaje previsto para el cincuentenario de su proclamación, el 22 de noviembre, no cuenta con la participación activa de Juan Carlos I, lo que ha generado malestar en Zarzuela. Fuentes cercanas a la Casa Real aseguran que, hasta ahora, no ha habido contacto alguno para preparar dicho evento, y más aún, el Gobierno parece estar tomando decisiones sobre la figura del monarca emérito sin contar con el visto bueno de la Casa Real.
La Moncloa le pasa el marrón a Felipe VI
El Gobierno, por su parte, ha dejado claro que la organización del evento recaerá en manos de Moncloa, pero es Zarzuela quien decide sobre la presencia del emérito en el acto. A través de este movimiento, el Ejecutivo parece estar presionando a la Casa Real, dejándole la pelota en su campo, y sugiriendo la posibilidad de un acuerdo que rehabilite la figura de Juan Carlos I a cambio de una mayor implicación de la Familia Real en los actos organizados por el Gobierno. Es probable que, si esta colaboración se concretara, el Gobierno vería con buenos ojos la participación de Felipe VI y su familia en el ciclo de eventos programados, que incluyen la conmemoración de la Monarquía en las libertades y otros actos relevantes.
Este escenario coloca a Felipe VI en una posición complicada: permitir que su padre sea rehabilitado públicamente, lo cual podría ser visto como una aprobación implícita de su figura, o distanciarse de las presiones del Gobierno, en un momento en que se requiere tomar decisiones clave sobre el futuro de la Monarquía. A pesar de los malos recuerdos que dejó la salida de Juan Carlos I de España en 2018, el Gobierno parece decidido a utilizar su figura como parte de un intercambio político, que podría resultar beneficioso para ambos bandos.
Moncloa espera que sea Felipe VI quien rehabilite a Juan Carlos I
En los últimos años, la relación entre padre e hijo ha mejorado, especialmente tras la exoneración de Juan Carlos I de las acusaciones legales. Felipe VI, aunque ha dejado claro que no participará directamente en el proceso de rehabilitación de su padre, ha permitido que este se deje ver en España sin mayores obstáculos. No obstante, la presencia del rey emérito sigue siendo una cuestión delicada, especialmente en eventos tan significativos como el que organiza el Gobierno, que podría colocar a Felipe VI en una posición incómoda.
El dilema es claro: ¿aceptará el rey que su padre reciba el reconocimiento oficial que el Gobierno quiere otorgarle, sabiendo que esto podría implicar una normalización pública de su figura, o se enfrentará a un futuro lleno de tensiones y desencuentros con Moncloa? A medida que se acerque el cincuentenario de la proclamación, la Casa Real y el Gobierno seguirán jugando su particular partida, y Juan Carlos I, consciente o no, será una pieza clave en este tablero de ajedrez político y familiar.