El príncipe Harry, siempre en el ojo del huracán mediático, ha vuelto a convertirse en el epicentro de la controversia. Esta vez, el motivo no es una entrevista explosiva ni un documental revelador, sino una encarnizada batalla legal contra el Ministerio del Interior británico por la decisión de disminuir su seguridad oficial en suelo inglés. Desde que renunció a su papel como miembro activo de la Familia Real británica en 2020, el duque de Sussex ha perdido más que títulos honoríficos: ha visto cómo se diluía el aura de protección que rodea a los Windsor.
Sin embargo, Harry no se rinde. El hijo menor del rey Carlos III ha lanzado duras acusaciones al afirmar que su protección fue recortada como castigo preventivo por abandonar la monarquía. En declaraciones al Daily Telegraph, el duque fue tajante: Sus “peores temores” se han confirmado. Y es que tras escuchar pruebas confidenciales en el marco de su apelación, Harry asegura que “la gente se quedaría en shock al saber lo que se está ocultando”.
Harry, el príncipe rebelde: ¿víctima de una conspiración palaciega?
“No me quieren garantizar mi seguridad si no estoy bajo su control”, parece ser el mensaje entre líneas del duque de Sussex. En 2020, tras anunciar junto a Meghan Markle su retiro de la vida institucional, el Ministerio del Interior les retiró el nivel de seguridad que corresponde a los royals activos. En su lugar, se implementó un protocolo de protección especial que exige a Harry avisar con 30 días de antelación sobre las actividades que planean realizar durante sus estancias en el Reino Unido. A partir de ahí, se evalúa el grado de peligro para determinar si requieren protección. Una humillación pública para quien alguna vez fue el “niño mimado” de Lady Di.
Durante la reciente audiencia del 8 de abril, la abogada de Harry, Shaheed Fatima KC, acusó directamente al gobierno de aplicar un “proceso personalizado” que, lejos de ser un privilegio, se convirtió en una desventaja y un trato desigual. El comité Ravec, encargado de evaluar la seguridad de figuras públicas, ignoró sus propios procedimientos al no consultar al “Risk Management Board” (RMB), el organismo experto en análisis de riesgo. El resultado: un tratamiento “diferente, injustificado e inferior”.
Una causa más allá del ego: el miedo a un destino trágico
Para Harry, esta cruzada legal supera incluso su guerra abierta contra los tabloides británicos. En palabras suyas, "si algo les sucediera a Meghan, Archie o Lilibet, nunca podría perdonármelo". El eco de la trágica muerte de su madre resuena con fuerza. ¿Es paranoia, o un temor legítimo basado en su experiencia traumática? El príncipe insiste en que no exige privilegios por sangre, sino justicia en condiciones de riesgo. Y aunque la justicia ya falló en su contra en 2024, ahora confía en revertir esa sentencia.
Según Fatima KC, su cliente no pretende tener el mismo nivel de protección que los actuales miembros activos, pero sí ser evaluado con los mismos criterios que otras figuras de alto perfil, como ex primeros ministros o dignatarios internacionales, garantizando así un tratamiento “acorde” a su notoriedad dentro del Reino Unido. Mientras tanto, el gobierno británico defiende su postura: la protección otorgada es adecuada, y no hay justificación para un trato excepcional. La Familia Real guarda silencio, pero algunos analistas creen que detrás de esta decisión hay una estrategia para disuadir a futuros royals de abandonar sus deberes sin consecuencias.