Giro inesperado en la lucha de Javier Santos para que le reconozcan que es hijo de Julio Iglesias. Después de cerca de tres décadas intentando que un juez haga oficial legalmente que el cantante es su padre, este valenciano de 45 años consiguió en 2019 que un tribunal sentenciara a su favor: según un auto del Juzgado de 1.ª Instancia número 13 de Valencia, queda demostrada la paternidad del artista. Pero Iglesias recurrió enseguida a la Audiencia Provincial, que revocó la decisión del magistrado. El motivo, que consideró que no se podía juzgar dos veces este tema porque el Tribunal Supremo ya había dado la razón al intérprete en 1999. Ahora La Vanguardia adelanta que el caso llegará a la ONU.
El abogado de Santos, el letrado Fernando Osuna, ha recurrido la última decisión de la justicia española y ha pedido que se tengan en cuenta las pruebas biológicas. Y es que los tests de ADN confirmarían la relación padre-hijo del demandado y el demandante, con un 99% de coincidencia entre ellos. Si no prospera, ha anunciado que irá al Tribunal Constitucional y al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Pero es que, según el diario del grupo Godó, antes de que eso ocurra, el abogado e historiador venezolano Israel Álvarez de Armas, presidente del Comité Internacional sobre Desapariciones Forzosas, Detenciones Arbitrarias y Delitos de Genocidio y Lesa Humanidad, ha presentado una denuncia contra España ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU por una posible vulneración del artículo 39.2 de la Constitución española, que dice que se deben investigar las demandas de paternidad. Álvarez de Armas señala que los tribunales españoles "podrían haber conculcado los derechos humanos universalmente reconocidos" de Santos por la "presunta manipulación de la Justicia contra su derecho constitucional a investigar la paternidad que biológicamente le corresponde".
Otro paso más en este periplo judicial que el mismo Javier Santos ha comentado en las redes sociales. El hijo no reconocido de Julio Iglesias define la situación de la Justicia en España como una "vergüenza", y celebra que al menos haya organismos internacionales que intervienen "para arreglar el desastre realizado por los jueces de aquí, es para hacérselo mirar".
Al final podrían ser las instancias internacionales las que tengan la última palabra –ya sea en la ONU o el TEDH, en caso de que el recurso del abogado Osuna no prospere– y tomen la decisión de enmendar (o no) la sentencia de los jueces españoles.