Los directivos de ‘Sálvame’ y ‘La fábrica de la tele’ se frotaron las manos cuando Rocío Carrasco les comunicó que estaba dispuesta a contar su verdad y que tenía todas las pruebas para acabar con Antonio David Flores. Tras comprobar todo el material que presentó, decidieron hacer una serie documental con un total de 12 entregas. Tres meses con el mismo tema y líderes de audiencia semana tras semana con más de 2,5 millones de espectadores.
Esto supuso un auténtico revuelo en Mediaset, pero aún más en el clan Flores, los principales afectados de esta primera parte. Antonio David Flores fue la persona más malparada de toda la serie. De hecho, los directivos de ‘Sálvame’ decidieron despedirle de forma fulminante un día después de la emisión del primer capítulo.
Antonio David Flores guardó absoluto silencio, tanto en sus redes sociales como en los medios de comunicación y soportó todo tipo de vejaciones. Sin embargo, éste puso todo en manos de sus abogado, quiénes no se perdieron ningún capítulo para poder contraatacar. El excolaborador piensa vengarse, y de momento ya lo ha hecho con los responsables de su despido, al considerarse improcedente.
El Juzgado de lo Social número 42 de Madrid ha dictaminado que "el despido es nulo por vulneración de su derecho fundamental al honor". El fallo condena a la productora a pagar "los salarios dejados de percibir hasta la fecha en la que el contrato temporal hubiera finalizado", es decir, 32.361 euros, más una indemnización adicional de 50.000 euros "por los daños ocasionados con la vulneración de su derecho al honor". En total, La Fábrica de la Tele ha de pagar 82.361 euros a Antonio David.
Pero este no es el único golpe de los Flores. Ahora ha sido el turno de Rocío Flores, quién ha lanzado un arma que nadie se esperaba. La influencer interpuso una demanda por lo Penal a los dueños de ‘La Fábrica de la Tele’ en el Juzgado de Instrucción Nº 38 de Madrid por hacer pública la sentencia que ya la condenó como “autora responsable de un delito de maltrato habitual, de un delito de maltrato, de una falta continuada de amenazas y de una falta continuada de injurias” hacia su progenitora, tal y como informa 'La Razón' en exclusiva.
En el momento de la sentencia, Rocío Flores era menor de edad, por tanto al ser una sentencia condenatoria de menores debería estar en un registro de antecedentes penales bajo la protección del tribunal que las juzga. Esas sentencias no pueden hacerse públicas bajo ningún concepto.
Rocío Flores confiesa que ha sido “una invasión a su intimidad personal y familiar”. La justicia ha decidido que Óscar Cornejo y Adrián Madrid declaren en calidad de investigados. Ambos se darán cita en los Juzgados de Plaza Castilla el próximo jueves 21 de octubre a las 10:00 horas en el Juzgado de Instrucción Número 38 de Plaza Castilla (Madrid). Se decidirá entonces si hay indicios o no de criminalidad.
Carlota Corredera, Jorge Javier Vázquez y Menchu Álvarez, directora de contenidos, tendrán que declarar en calidad de testigos.