El unionismo clama con la noticia de que Jordi Cuixart y Jordi Sànchez saldrán de la prisión para ir a trabajar, y sólo tendrán que volver a Lledoners para pasar la noche. Y cuando decimos el unionismo, el término engloba a varios estamentos: 'haters' de a pie, representantes políticos, medios de comunicación... y la fiscalía. Un ente judicial que ha recurrido la decisión de la junta de tratamiento de la prisión, y quiere dejar en nada el régimen de semilibertad de ambos activistas, condenados por sediciosos por el Tribunal Supremo a 9 años por haberse subido a un coche de la Guardia Civil, pidiendo calma en las concentraciones del 20-S de 2017. Los fiscales consideran que se trata de una "burla a la sentencia y una especie de tercer grado encubierto". La burla, sin embargo, es otra: cómo trata la Fiscalía a los Jordis e Iñaki Urdangarín, por poner un ejemplo diáfano.
Ha sido el profesor de política y columnista de El Nacional.cat Antón Losada el que explica magistralmente la sesgada vara de medir del ministerio fiscal español. El cuñado corrupto del Rey, a quien por cierto nadie ha visto entrar físicamente en la cárcel, disfruta de beneficios penitenciarios con el visto bueno del juez... y el cinismo de la fiscalía, que se opuso sin mucha convicción ni insistencia. En cambio, con los independentistas, cualquier medida es tildada de traición y de trato de favor. Ni siquiera los permisos de 72 horas están bien vistos, porque no se han arrepentido de los delitos que les atribuyen. El 'a por ellos' es interminable.
Le llaman justicia, pero sólo es venganza. En cambio, las corruptelas del universo Zarzuela son pecatta minuta. Marca España.