El periodista Eduardo Inda acostumbra a traspasar líneas rojas y tensar la cuerda del malestar en beneficio propio. Pero a veces pasarse de frenada tiene su efecto boomerang. Hace un tiempo, en su lucha encarnizada contra todo lo que huela a Podemos, le atribuyó una falsa condena al secretario general del partido en Valdepeñas, Luis Benítez de Lugo. Le puso el sanbenito por un supuesto delito contra el patrimonio, tesis que defendió tanto en su periódico digital como en diferentes tertulias de Mediaset y Atresmedia. Y ahora, el político le ha presentado una querella.
El juzgado de instrucción número 54 de Madrid ha decretado la apertura de juicio oral contra el director de Ok Diario por un delito de calumnia y se enfrenta a una multa de 100.000 euros y una pena de prisión de dos años. Según publica PeriódicoCLM, la jueza considera la petición de responsabilidad civil planteada por el demandante y le da ahora un plazo de un día a la empresa de Inda, a Telecinco y a Antena 3, una vez notificado el auto, para que depositen 100.000 euros como responsables civiles subsidiarios.
Sobre esta cuestión, hace unos meses el mismo Inda reconocía ante el juez su "error", atribuyéndolo a sus encargados de información. Pero la jueza siguió viendo posibles indicios de delito y decretó que el proceso continuara por la vía penal. La jueza decide seguir adelante y quien seguro que no perdona es el político supuestamente calumniado:
Inda, Alfonso Rojo, Jesús Martín (senador y alcalde del PSOE), el PP...; hay gente que no duda en utilizar medios ilegales con tal de ganar dinero y poder. Han perdido la noción de la realidad y de la decencia
— Luis Benítez de Lugo (@luisbdelugo) 20 de septiembre de 2018
Frente a sus acciones corruptas, #PODEMOS.https://t.co/k31iaRLAqN pic.twitter.com/zwyebIpuVW
No es la primera vez que la "fluída" relación entre Inda y Podemos acaba con denuncias. Hace un tiempo, el partido de Pablo Iglesias presentó diferentes denuncias por unas acusaciones que hicieron en sede parlamentaria al asegurar que Podemos fue financiado por Venezuela e Irán.