El juez de la Audiencia Nacional que instruye el caso Villarejo ha decidido que el marido de Ana Rosa Quintana pase, como mínimo, dos noches en prisión. Está detenido desde el martes y puede pasar 72 horas en dependencias policiales antes de pasar a disposición judicial. El juez ha citado a Juan Muñoz, su hermano y su abogado el jueves para interrogarles sobre unas cintas halladas en casa del comisario en que Villarejo habría grabado conversaciones con los detenidos y donde le encargaban, presuntamente, que espiara a un deudor para extorsionarlo a cambio de dinero. El excomisario está encarcelado desde noviembre por grabar, presuntamente, interrogatorios y hacer trabajos de espionaje y chantajes.
De momento sigue el silencio de la popular periodista y de su programa y entorno más próximo. El foco se centra en quien es Juan Muñoz, un empresario sevillano casado con Quintana hace 14 años y padre de dos de sus hijos, los menores Juan y Jaime. Álvaro es el hijo mayor que tuvo con Alfonso Rojo, periodista de derechas expulsado de La Sexta Noche para llamar "gorda" a Ada Colau. Juan Muñoz proviene de una familia de promotores inmobiliarios andaluza. Él ha seguido con la construcción y promoción de viviendas turísticas.
El perfil económico que ha publicado El Español (el digital de Inda sigue sin ni dar la noticia) presenta a Juan Leocadio Muñoz Tamara, que es su nombre completo, con datos de su SICAV (persona jurídica que tributa menos impuestos) transformada en S.L con un capital de 8,6 millones de euros. Ana Rosa y Juan Muñoz son, respectivamente, presidenta y consejero delegado. El diario de Pedro J., que como periodista de referencia nunca ha sido invitado a El programa de AR, difunde también que la justicia ha tumbado la intención del promotor inmobiliario detenido de construir en la costa de Tarifa contra el criterio de los ecologistas.
El jueves el empresario declarará ante el juez que podría dejarlo en libertad. Los cargos de revelación de secretos y extorsión comportan hasta 10 años de cárcel. Queda ver si las cámaras podrán grabar al empresario entrando en los juzgados para ser interrogado, y qué tratamiento le dedicarán los medios de comunicación. Es más que probable que salga en libertad.