Ya hace mucho tiempo que parece que en Catalunya haya carta blanca a la hora de juzgar y coartar libertades políticas. El todo se vale con los indepes ahora ha colocado en la diana al presidente de la Generalitat, Quim Torra, que tendrá el honor de ser el primer presidente de la Generalitat que sea juzgado en activo. Torra se enfrenta a un delito de desobediencia por no haber sacado una pancarta con el lazo amarillo pidiendo la libertad de los presos políticos del balcón de Palau durante la campaña electoral del 28 de abril pasado. La Fiscalía pide que se inhabilite al presidente durante 20 meses y una multa de 30.000 euros.
Mireia Comas
El president Torra ya ha entrado en el TSJC, acompañado, entre otros, de su mujer, de su abogado, de Laura Borràs o de Pere Aragonès, que han querido darle su apoyo en una nueva muestra de la vergüenza ajena que provocan a menudo las instituciones judiciales cuando de Catalunya se trata. Òscar Andreu, desde buena mañana, ya hacía una sentencia incontestable en su cuenta de Twitter resumiendo lo que está pasando de un tiempo a esta parte con las máximas autoridades políticas del país y poniendo una chincheta virtual como recordatorio del día:
Una frase lapidaria que tiene una fuertísima carga de sarcasmo, y, lamentablemente, de realidad. No ha sido la primera vez que pasa, y seguro, conociendo el percal, que tampoco será la última. Como indica el texto de la noticia destacada por uno de los directores de La competència de RAC1, nueve de los últimos once presidentes catalanes han sido destituidos por el Estado, exiliados, encarcelados, ejecutados o condenados por defender el derecho a decidir: