La madrugada del jueves a viernes empieza la campaña electoral antes de las elecciones parlamentarias en Catalunya del 14 de febrero, a la espera de la decisión definitiva del TSJC sobre la fecha en que los catalanes podrán ir a votar. Serán unas elecciones atípicas. Será una campaña atípica. La pandemia ha hecho que estos comicios sean más inciertos que nunca, básicamente por las recomendaciones y medidas de seguridad que los rodean de cara a evitar una avalancha de contagios entre los votantes.
La consellera de Presidencia, Meritxell Budó, ha asegurado el compromiso del ejecutivo de que "estas elecciones se puedan hacer con total seguridad" y ha insistido en la preocupación por "velar por ver de qué manera podemos incrementar todavía más estas garantías necesarias". Pero una polémica decisión posterior choca de frente con estas palabras. Una decisión que ha dejado a la ciudadanía con los ojos como naranjas, incluso, pellizcándose por ver si habían oído bien o no: para garantizar y preservar el derecho a la participación y el derecho al voto y un proceso electoral lo más normal posible, el Gobierno ha anunciado que levantará las restricciones de movilidad para aquellas personas que aleguen que tienen que cambiar de municipio para asistir a un mitin electoral: "El derecho a la participación política es un derecho fundamental. El Gobierno tiene que garantizar el derecho a la participación y por eso estará garantizada esta movilidad".
Pilar Rahola (YouTube)
La decisión ha enfurecido a los ciudadanos de mala manera. Incredulidad, indignación y perplejidad. Por ejemplo, de una Pilar Rahola que no se ha mordido la lengua:
La escritora no se ha quedado aquí. También ha verbalizado de manera demoledora el agravio comparativo con muchos comercios o con las elecciones al Barça y ha estallado hablando de la inutilidad de los mítines políticos en pleno siglo XXI:
No se puede decir más claro. Un despropósito mayúsculo.