La semana empieza fuerte. Cuando menos en la Justicia española. Dos fotos son demoledoras. En la primera sale retratado un fiscal del Tribunal Supremo, el señor Miguel De la Rosa Cortina, que rechaza que el abogado Gonzalo Boye esté amparado por el derecho al honor. Por lo tanto, los españolitos pueden disfrutar de una barra libre impune para calumniarlo, injuriarlo e insultarlo de todas las formas posibles e imaginables. La segunda instantánea tiene un alcance más amplio: aquí sale inmortalizada la judicatura de forma más general, después de enterarnos de que los encausados por la llamada como 'Operación Judas', los CDR acusados de terrorismo, han podido finalmente tener acceso a las pruebas que los inculpan. Todo sería normal si no fuera porque han tenido que pasar 2 años para alcanzar este hito, cuando en cualquier país normal y democrático este sería un trámite automático. Pero claro, esto es España.
Pilar Rahola no se ha podido aguntar al asistir a este espectáculo y ha dedicado un vídeo en su canal 'Paraula de Rahola' en el que analiza estos hechos y sentencia al Estado que permite estas prácticas. En primer lugar, el tema Boye: como es el abogado del presidente en el exilio Carles Puigdemont, el fiscal De la Rosa considera que ya no es un letrado que defiende a un cliente, sino una especie de muñeco al que hacer pim-pam-pum en nombre de la patria, abriendo la puerta a todo tipo de barbaridades. Por ejemplo, las que ya se pueden leer en redes: "Ya le han llamado filoetarra, terrorista, carcelero macabro, malvado... todo tipo de injurias y calumnias". Y no pasa nada, oiga. Todo lo contrario: hay un fiscal del Alto Tribunal que apoya estas acciones.
Gonzalo Boye con el presidente Carles Puigdemont / EFE
En cuanto a la situación de los CDR, nos recuerda el nombre y apellido del magistrado que ha mantenido las pruebas de la acusación de terrorismo escondidas durante dos años a los principales interesados: Manuel García Castellón. Y por inverosímil que parezca, incluso sus colegas de la Audiencia Nacional "han tenido que decirles que tenían que dar las pruebas porque si no la indefensión sería absoluta". Rahola es clara como el agua, cristalina: "No tienen ningún problema de hacer lo que les da la gana con la causa catalana y seguramente con otras causas. Estamos ante un Estado con una inseguridad jurídica absoluta". La persecución política e ideológica es una constante, y sólo los tribunales europeos, como el de Estrasburgo, podrá poner fin a estos excesos. Ahora bien, ahora hay una novedad realmente escalofriante: que los atentados del 17-A en Las Ramblas entrarían dentro de estas prácticas.
Concentración a favor los encausados en la Operación Judas / ACN
Pilar remata este retrato de manera muy contundente: "Hay un hashtag que dice "España es un estado fascista". Sobre todo es un país de inseguridad jurídica. Aquellos que se enfrentan con el estado pueden tener todo tipo de dolores de cabeza. Después querrán que creamos en España, que es una democracia y blablabla. En términos fundamentales como la monarquía, la unidad del país, el CNI, atentados, etcétera, no lo es. Es un estado oscuro, opaco, que tiene cloacas más oscuras todavía, donde ha habido terrorismo de Estado y que tenemos sospechas muy serias sobre qué pasó el 17-A. ¿Es un estado fascista? En muchos sentidos, lo parece."