ERC intenta la retirada por ley del monumento franquista de Tortosa, según ha informado este domingo la formación en un comunicado. Concretamente, los republicanos han pedido que en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la ley catalana de memoria democrática "se hagan todos los trámites y tareas necesarias para culminar la retirada del monumento franquista" del Ebre. Así lo fijan las enmiendas presentadas a la norma que encauza los últimos pasos al Parlament, a la vez que piden aplicar otras medidas para restaurar instituciones afectadas por el franquismo, reconocer las etnias y lenguas que fueron víctimas e introdujeron la memoria democrática como asignatura en las escuelas catalanas.
Una de las propuestas de ERC es una medida para reparar la memoria a las instituciones que las autoridades franquistas suprimieron, como es el caso de Medinyà (Gironès), que quedó anexionado a Sant Julià de Ramis. Las enmiendas de los republicanos apuestan por apuntalar el derecho de estos municipios, instituciones o personas jurídicas públicas a ser restituidos y a recuperar su personalidad jurídica.
Más medidas de memoria democrática
El texto también amplía los supuestos de víctimas de la dictadura y reclama que se reconozca el pueblo gitano y romaní como víctimas de la persecución, discriminación y atentados contra su identidad, así como hacer valer la opresión de mujeres en razón de género (como el caso del Patronato de Protección de la Mujer) y personas por su orientación o identidad sexual. En esta línea, propone fijar como "víctimas de la represión cultural" del franquismo las comunidades lingüísticas catalanas y aranesas, además de habilitar un servicio para demandar a las personas físicas o jurídicas que perpetraron violaciones de derechos humanos o de explotación de trabajos forzados.
ERC también propone introducir la memoria democrática como asignatura en el currículum educativo de las escuelas catalanas con rigor histórico, pluralidad y perspectiva de género, así como que la dirección del Memorial Democrático sea nombrada por el Govern mediante un concurso público, con una duración de cuatro años renovable cuatro años más. Las enmiendas se añaden a lo que el proyecto de ley del Govern ya recogía, un proyecto de ley que el ejecutivo catalán aprobó en marzo del año pasado en pro de la recuperación de la memoria histórica del país.