El fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, ha ordenado a los Mossos d'Esquadra, a la Policía Nacional y a la Guardia Civil que actúen si en el proceso independentista catalán se produjera un "delito de sedición".

Según ha podido saber El Nacional, la notificación llegó a la sede de la conselleria de Interior la semana pasada y ha sido analizada por el núcleo más directo del conseller Jordi Jané, formado por el director general de la Policía, Albert Batlle, y el comisario jefe de los Mossos, Josep Lluís Trapero.

De momento, Interior no quiere hacer ningún tipo de comentario público a la notificación de la Fiscalía de la Audiencia, pero sí que se ha enviado la información a los mandos de los Mossos. Fuentes de la conselleria y del cuerpo policial, sin embargo, informan a El Nacional que la orden en sí se tendría que concretar en órdenes expresas y eso no se podrá hacer hasta que no esté como mínimo la resolución del Tribunal Constitucional.

Orden genérica

"No se puede dar una orden de intervención tan genérica, en todo caso, hará falta que delimiten qué interpretan por un delito de sedición o en qué hipotéticas actuaciones concretas y concisas tendríamos" que "actuar", avisan las mismas fuentes. "No estamos hablando de parar el fenómeno del top manta sino de unos delitos que no se pueden identificar fácilmente", detallan fuentes de los Mossos.

Ahora bien, en el cuartel general de Interior no se respira precisamente "tranquilidad". En este sentido, se han mantenido las reuniones de coordinación de los mandos con esta instrucción sobre la mesa, con "inquietud pero sin alarmas".

"No nos gusta que mezclen la política con los Mossos", insisten desde Interior. También manifiestan en que quieren proteger el cuerpo de polémicas hasta que no haya una instrucción concreta de actuación y valorar entonces cuál tendrá que ser "la actuación".

La orden de la Fiscalía

Según la instrucción de la Fiscalía, las fuerzas de seguridad tendrán que actuar desde el momento en que el Tribunal Constitucional invalide la resolución independentista aprobada ayer en el Parlament catalán, ya que sólo entonces quedaría certificada su "ilegalidad".

Los agentes tendrán que encargarse de todos los actos que tengan como propósito "cambiar ilegalmente la organización territorial del Estado y declarar la independencia de una parte del territorio nacional, en el caso en cuestión de la Comunidad Autónoma de Catalunya", según afirma el fiscal Javier Zaragoza en una instrucción entregada el jueves pasado.

La Audiencia Nacional sería competente para actuar contra las personas no aforadas, con lo cual quedarían fuera los diputados autonómicos y los miembros del Consell de Govern de la Generalitat, que serían investigados por el TSJC y, en su caso, el Supremo. En cambio, esta resolución sí que afectaría a otros participantes en los actos independentistas, como podrían ser "otras autoridades, funcionarios públicos o particulares".

El delito de sedición

El delito de sedición se pena con entre 10 y 15 años de prisión para las personas constituidas en autoridad, además de la inhabilitación absoluta por el mismo tiempo. Podría comportar también, avisa el fiscal jefe en la instrucción, los delitos de prevaricación, desobediencia, usurpación de funciones y el uso indebido de fondos públicos, que serían competencia de la Audiencia Nacional como delitos conexos.

La sedición es uno de los delitos contra el orden público. Lo cometen quienes "se alcen pública y tumultuariamente para impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las leyes o a cualquier autoridad, corporación oficial o funcionario público, el legítimo ejercicio de sus funciones o el cumplimiento de sus acuerdos, o de las resoluciones administrativas o judiciales".

En el caso de personas no constituidas en autoridad, las penas van de cuatro a ocho años de prisión y la inhabilitación especial para ocupar cargo público por el mismo tiempo.