Un grupo de denunciantes ha pedido que se reabra la causa por el supuesto espionaje de los Mossos d'Esquadra, al considerar "que la policía catalana se extralimitó" en sus funciones por "fines políticos" y que no investigarlo daría "carta blanca" a repetir los seguimientos a los "constitucionalistas".
Un juez de Barcelona ha archivado la causa a los Mossos por supuesto espionaje político, a raíz de la documentación que iban a incinerar el 26 de octubre del 2017, la víspera de la declaración de independencia, al concluir que no incurrieron en "desviación de poder" y buscaron información "esencial en toda policía" ciñéndose a la legalidad.
Los denunciantes, entre ellos el exlíder de Societat Civil Catalana José Ramon Bosch y el periodista Albert Castillón, representados por el abogado José María Fuster-Fabra, han interpuesto un recurso ante el titular del juzgado de instrucción número 22 de Barcelona para que reabra el procedimiento, al considerar que el carpetazo se basa únicamente en la versión del jefe de la comisaría de Información de los Mossos y que sí hubo "extralimitación" por parte de este cuerpo.
Entre la documentación intervenida había documentos de la Comisaría de Información de los Mossos relativos a diferentes actos realizados por Societat Civil Catalana, identificando a los mismos miembros del PP, Ciudadanos y periodistas.
Según el recurso, al que ha tenido acceso Efe, la "extralimitación" de la policía catalana se realizó "únicamente con fines políticos, usando dinero público y violando los derechos de los ciudadanos, actuando con clara vulneración de la independencia y neutralidad política e imparcialidad de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado al cual pertenecen los Mossos". Defienden que se produjo una "violación" de sus derechos, afectando a su vida privada, libertad e intimidad "sin que haya ningún fin legítimo que justifique la mencionada intromisión".
"Hasta las últimas consecuencias"
Según el recurso, si se mantiene el archivo acordado por el juez, eso supondría "dar carta blanca, carta de naturaleza, que en el futuro pudieran realizarse situaciones similares sobre todo tipo de personas, especialmente en Catalunya sobre todos aquellos que desde diferentes ámbitos, el político, el jurídico y el periodístico, defienden el orden constitucional".
"Se han investigado, se han extraído datos, se han buscado vehículos, se han elaborado informes sobre una serie de personas sin ningún fundamento, la inmensa mayoría no se conocen entre ellos y que sólo tienen un único nexo de unión y es el carácter de lo que se tiene que denominar constitucionalistas, es decir, defensores de la legalidad vigente", alega el recurso.
En este sentido, sostiene que estos hechos "gravísimos" se tienen que investigar "hasta las últimas consecuencias", por lo que solicita que se reabra la causa y se cite como testigo, entre otros, al jefe de la Policía Nacional que elaboró un informe analizando el cuantioso material intervenido a los Mossos a las puertas de la incineradora.