Las mujeres de Lleida ya podrán abortar quirúrgicamente en el territorio entre la semana 9 y la 14 de embarazo, después de que el departamento de Salud haya firmado un acuerdo con la clínica Mi NovAliança, de Lleida. Será, sin embargo, el único centro de la demarcación que ofrecerá este servicio y se espera que empiece a hacerlo antes del verano porque todavía falta algún trámite administrativo.
Sin embargo, en el Pirineu, solo se ha conseguido que en el Hospital Comarcal del Pallars, en Tremp, y en el Hospital de Cerdanya se practiquen desde este año abortos farmacológicos en los primeros dos meses de gestación. Ahora se pide que también se pueda interrumpir el embarazo quirúrgicamente a partir de las 9 semanas en algún centro del Pirineu para no tener que desplazarse hasta Lleida ciudad.
Salud celebra la noticia
La consellera de Salut, Alba Vergés, ha destacado que la posibilidad de practicar interrupciones voluntarias del embarazo (IVE) en Lleida es una "buena noticia", ya que, hasta ahora, las leridanas se tenían que desplazar a otros territorios catalanes para hacerlo porque los profesionales del Hospital Arnau de Vilanova de Lleida son objetores de conciencia. Sin embargo, Vergés reconoce que es "un primer paso", ya que en el Pirineu, de momento y desde este año, solo se puede acceder al aborto farmacológico.
Vergés ha destacado que desde Salut siempre han defendido el derecho de abortar voluntariamente porque lo marca la ley y para "poder garantizarlo con la máxima equidad territorial". El siguiente paso será que se pueda acceder a la IVE quirúrgica en el Pirineu.
Los hospitales públicos de les Terres de l'Ebre no lo practican
Los hospitales públicos de las Tierras de l'Ebre, en cambio, todavía no se ofrece el servicio. La Assemblea Vaga Feminista de les Terres de l'Ebre puso en marcha el pasado 11 de mayo en campaña A les Terres de l'Ebre, l'avortament a la sanitat pública para reclamar que los hospitales públicos del territorio practiquen la interrupción quirúrgica del embarazo con carácter voluntario.
Actualmente, las mujeres que quieren abortar con este método son derivadas en centros de salud privados de Tarragona y Barcelona. Alternativamente, solo pueden acogerse a la interrupción farmacológica durante las nueve primeras semanas de gestación. El colectivo denuncia la estigmatización de las mujeres que quieren ejercer este derecho y los obstáculos que suponen el desequilibrio territorial, los médicos objetores de conciencia y la privatización del sistema de salud.
500 mujeres, obligadas a desplazarse en el 2019
El problema, recordaron semillas de la asamblea, es común con el resto de territorios del país –el año 2019 unas 500 mujeres se vieron obligadas a desplazarse- y afecta a todo el sistema público de salud. No se trata, apuntaron, de una cuestión de falta de capacidad o medios técnicos: de hecho, los centros públicos ya efectúan interrupciones del embarazo en el caso de peligro para el feto o para la salud de la madre, pero no cuando la mujer quiere hacerlo voluntariamente. Entonces, el mismo departamento de Salud deriva a las mujeres de l'Ebre en centros privados de Tarragona y Barcelona, a un mínimo de 100 kilómetros de distancia.
Un desequilibrio territorial
La asamblea, en este sentido, denunció que los "impedimentos" y "barreras" para que las mujeres puedan hacer efectivo plenamente este derecho en el caso de las Terres de l'Ebre chocan con el "desequilibrio territorial, la objeción de conciencia y el modelo de privatización y externalización de la salud pública", apuntó a su portavoz Selene Alberich. "¿Por qué no podemos abortar en los hospitales donde parimos?", se preguntó, contrariada por el hecho de que durante los once años de vigor de la actual ley del aborto el departamento de Salut no haya sido capaz de articular una oferta para las mujeres que quieren abortar voluntariamente de forma quirúrgica.
La objeción de conciencia de los médicos sigue siendo uno de los principales escollos –un 42% de los facultativos que pueden practicar estas operaciones a Catalunya y un 40% en la provincia de Tarragona se niegan. Una cuestión que se agrava en el caso de centros concertados con financiación pública, pero vinculados a la Iglesia católica, donde la objeción se suele practicar de forma colectiva. "No puede afectar a todo un hospital y vulnerar los derechos de las mujeres a abortar, que se tiene que dar," manifestó la también portavoz de la asamblea, Marta Sans.
Imagen principal, puerta de acceso al interior de las instalaciones del Hospital de Cerdanya / ACN