Nuevo revés a la justicia española. El Tribunal Superior de Schleswig-Holstein ha decidido hoy extraditar a España al president Carles Puigdemont por un presunto delito de malversación de fondos públicos, pero no por un presunto delito de rebelión ni de sedición como pedía el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena.

Esto significa que si Puigdemont es extraditado a España, en ningún caso puede ser juzgado por ninguno de los otros dos delitos de los que le acusaba el magistrado del Supremo. El president en el exilio seguirá estando en libertad en Alemania con el mismo régimen que hasta ahora —la Fiscalía quería que lo volvieran a encerrar—, puede recurrir la decisión de la justicia alemana y, además, la extradición sólo se hará efectiva si así lo aprueba la fiscalía alemana.

El tribunal sustenta que los actos que denunciaba Llarena no encajan con el delito alemán de alta traición, ni de perturbación del orden público —delito también propuesto por la justicia española por si la alemana no aceptaba los cargos por rebelión— porque confirma que nunca ha habido violencia. Se ha descartado la responsabilidad penal por ruptura de la paz porque a Carles Puigdemont sólo le preocupaba la celebración del referéndum. No era un “líder espiritual” “de una violencia”, subraya el auto.

Por otra parte, el tribunal sí admite la extradición por malversación porque consideran que “las autoridades españolas acusarían justificadamente a Carles Puigdemont de ser corresponsable de incurrir en obligaciones financieras con el erario público. La confirmación de estas acusaciones en resultados tiene que ser aclarada exclusivamente en el contexto del proceso penal español”.

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