El Govern, a través de la Inspección de Trabajo, ha transformado un total de 6.196 contratos temporales a indefinidos entre enero y agosto a través de 2.352 actuaciones, que han resultado en 169 infracciones por fraude en la contratación y sanciones por un importe de 194.486 euros.

En una entrevista en Europa Press, el conseller de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias de la Generalitat, Chakir el Homrani, ha cuantificado así el primer balance de la campaña contra el fraude en la contratación prevista para este 2018 por su departamento para reducir el exceso de temporalidad del mercado laboral y que prevé iniciar un total de 1.800 expedientes de inspección a lo largo del año.

Objetivo: reducir la temporalidad

El Homrani ha explicado que continúan trabajando para disminuir el peso de la temporalidad, que señala como indicador de la precariedad laboral y enfatiza que "afecta a todos los ámbitos económicos", pese a que se están registrando buenos datos como la creación de empleo y un paro por debajo del 12% en el segundo trimestre de 2018, así como que el sector industrial sea el que más tira en esta tendencia.

"La creación de empleo es buena y, además, tiene un elemento muy positivo, si miras las cifras a nivel interanual, el sector que más tira es el industrial y, cuando es éste el que lidera, todos los otros sectores crecen y suele ser con unas bases productivas mejores", ha razonado.

El conseller ha sostenido que la calidad de los puestos de trabajo que se están generando y qué hacer para mejorarla es una de las "obsesiones" del departamento ante cifras que ha alertado que asustan, como el hecho de que 400.000 trabajadores catalanes estén en riesgo de pobreza. Para hacerlo, el Govern dispone de dos herramientas, teniendo en cuenta sus "limitaciones competenciales": la Inspección de Trabajo, que cuenta actualmente con una plantilla de 241 inspectores y subinspectores en Catalunya, y la negociación colectiva.

"Es clave la capacidad de entendimiento de sindicatos, patronales y la Administración. También lo son los convenios colectivos, que tienen rango de norma y es una manera de poder actuar alrededor de la calidad del empleo, teniendo esta limitación de competencias normativas. Tenemos esta vía, que la trabajamos y la continuaremos trabajando", ha remarcado.

En ese sentido, ha defendido que es "posible" recuperar la mesa permanente de diálogo social en Catalunya, así como fortalecer otros espacios como el Consejo de Relaciones Laborales, y lo ha ligado al desarrollo de una Ley de Participación Institucional y de Concertación, reclamada por los sindicatos mayoritarios de CCOO y UGT de Catalunya y que ha enfatizado como prioridad para el actual Govern.