La Fiscalía pide cuatro años y medio al activista de extrema derecha y fundadora de Vox en Valencia, Cristina Seguí, al considerar que difundió la identidad, la profesión y el lugar de residencia de uno de los acogedores de una menor. La menor había sido acogida por un matrimonio gay, hecho que Seguí despreció, según la misma Fiscalía. El ministerio público acusa la agitadora ultra de tres presuntos delitos contra la intimidad, con la circunstancia agravante de discriminación por orientación sexual. Siguió publicó en las redes el siguiente mensaje: "La bebé robada en Castellón fue entregada ilegalmente en una par LGTBI amiga de Oltra y secretario LGTBI de Ximo Puig que reconoce en un vídeo que la adopción era un experimento del colectivo".

En el auto publicado por elDiario.es y El Plural, la Fiscalía relata cómo Seguí hizo pública información sobre la menor a través de las redes sociales. "En el mencionado puesto se realizan una serie de manifestaciones que atentan contra el sistema de protección de niños, niñas y adolescentes, fomentando el odio contra la dirección territorial, sus funcionarios y su función de garante de la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes (...), y contra el colectivo LGTBI tal como se refleja a los más de 500 comentarios del puesto", se recoge en el escrito.

La Fiscalía sostiene que los hechos atentan contra la moral de la niña, ya que "no solo su imagen personal, sin consentimiento de la entidad tutora de la niña, sino a estigmatizarla públicamente con afirmaciones como niña robada, niña tutelada, niña de la pareja LGTBI que afectan su desarrollo emocional, y atentan contra su interés superior".

Siguió, juzgada en otro caso

El pasado 19 de junio, Siguió tenía otra cita en los tribunales. En aquella ocasión era en referencia a un vídeo que difundió de unas menores que habían sido víctimas de una agresión sexual cometido por cinco adolescentes de la localidad valenciana de Burjassot, como certificó la justifica. Aunque en aquel caso no reveló datos de las víctimas, pero según varios testigos el vídeo que compartió permitía identificarlas. Uno de los testigos que certificaba que se podían identificar las menores era una de sus madres.

Siguió, que se sentó en el banquillo de los acusados en el Juzgado de lo Penal número 10 de Valencia, se enfrenta a otra pena de cuatro años y medio de prisión por un delito contra la integridad moral y otro de descubrimiento y revelación de secretos con la circunstancia agravante de género, tal como le reclama la fiscal Susana Gisbert.