Más de 1,15 millones de estudiantes universitarios y de formación profesional (650.000 de la Universidad y 500.000 de FP) podrían quedarse sin poder realizar prácticas y no podrán finalizar sus estudios, si entrara en vigor el estatuto del becario, según la red de Fundaciones Universidad Empresa (RedFue).

Se trata de un nuevo aviso de las universidades, que se oponen con fuerza a este nuevo estatuto. Como ya informó ON ECONOMIA, desde la CRUE (Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas) advirtieron el pasado mayo que la nueva norma impulsada por el Ministerio de Trabajo podría suponer una pérdida del 60% de las prácticas que realizan actualmente sus becarios.

Otros actores relevantes de la comunidad educativa como los Ministerios de Universidades y de Educación, la de Consejos Sociales y el Consejo de Estudiantes "también han mostrado su rechazo al texto y lamentan que ni siquiera se haya podido debatir". Ahora es la RedFue la que se ha pronunciado al respecto, aportando un cálculo concreto de la cifra de estudiantes que podría verse afectada.

Así, esta organización, vinculada institucionalmente a través de sus miembros a 43 Universidades españolas y más de 15.000 empresas, se ha opuesto "frontalmente" este sábado a la legislación sobre esta materia que quiere aprobar el Ministerio de Trabajo, "sin el apoyo de la comunidad educativa ni de los empresarios".

"Una legislación inaplicable"

De aprobarse la normativa anunciada por el Ministerio de Trabajo, 83 Universidades y 3.823 centros de formación profesional no podrán cumplir con su plan de estudios, ha lamentado la RedFue en un comunicado. A su juicio, es un error legislar ‘in extremis’, sin consenso, y sin haber escuchado a la comunidad educativa, a la que no se ha permitido formar parte del diseño de una normativa académica de carácter puramente formativo.

Además, la red ha recordado que el 65% de las prácticas afectadas por el estatuto del becario se realizan en las administraciones públicas y no en las empresas. Será, por tanto, "una legislación inaplicable", como lo es ya la que versa sobre la cotización de los becarios a la Seguridad Social, que ha visto cómo las universidades, el Ministerio de Universidades y el de Educación están pidiendo una moratoria por la imposibilidad de ponerla en marcha.

Desde los propios ministerios ya se han puesto en contacto con las universidades para comunicarles que, si ellas no se hacen cargo del pago a la Seguridad Social y de la gestión de la misma, no acogerán estudiantes en prácticas, como es el caso, por ejemplo, del de Exteriores.

Tampoco se resuelve la escasez de oferta

La red entiende que, en nuestro ordenamiento, la regulación de las prácticas externas de los estudiantes de formación profesional y las de los estudiantes universitarios ha sido abordada en diferentes ocasiones, por diferentes normas y con diferentes denominaciones, pero "siempre ha sido diseñado desde el ámbito de la formación, nunca desde el ámbito laboral".

Las prácticas que se realizan en empresas, instituciones, en los propios centros formativos, o en entidades públicas y privadas, en el ámbito nacional o internacional, contribuyen a la formación integral del estudiantado y son una actividad exclusivamente académica de carácter formativo, ha precisado la red.

Según la RedFue, con la nueva normativa que pretende aprobar el Ministerio de Trabajo tampoco se resuelve el problema de la escasez de oferta de prácticas formativas, ya que el sistema educativo no cuenta con un número suficiente de prácticas externas formativas y de calidad para dar respuesta a la demanda que realizan las universidades y la formación profesional.