La consellera de Territori, Ester Capella, ha anunciado este jueves que el Govern aplicará el tope a los precios de alquiler de vivienda a partir de febrero a los 140 municipios tensionados, pendiente aún de aprobar el índice de referencia que debe aprobar el Estado y que servirá para fijar el precio máximo en cada municipio. Lo hará de acuerdo a lo previsto en la ley de vivienda validada por el Senado el pasado mes de mayo.
En estos municipios viven 6,2 millones de personas, un 80,6% del total de la población de Catalunya y se concentran sobre todo en el área metropolitana de Barcelona y el litoral del país. Las capitales, Barcelona, Girona, Tarragona y Lleida, forman parte de la lista de ciudades donde habrá un tope.
Municipios tan dispares como Sort, Amposta, Figueres o Porqueres también forman parte de este mapa que, aunque concentrado en Barcelona y el litoral, se esparce por todo el mapa catalán. Desde Cambrils hasta Palafrugell, tan solo 5 municipios se salvan de estar tensionados, mientras que de Cubelles a Lloret todos los municipios de la costa contarán con este control de precios. En el área metropolitana, desde El Prat hasta Montgat por la costa y desde Castellar del Vallés hasta Vallirana en el interior, toda la zona tiene precios que llevan a considerarlos zonas tensionadas. En Barcelona, los precios de alquiler alcanzaron un nuevo récord en 2023 y alcanzan los 1.123 euros de media.
Para que un municipio se considere área tensionada, debe cumplir una de estas dos condiciones: que el coste medio de la hipoteca o del alquiler más gastos y suministros básicos supere el 30% de la renta media de los hogares o que el precio de compra o alquiler de vivienda haya aumentado al menos 3 puntos por encima del IPC en los cinco años previos a la declaración de zona tensionada.
Representantes de inquilinos como el Sindicat de Llogateres llevaban tiempo apremiando a la aprobación de esta medida, que tan solo cuenta con apoyo claro en Catalunya. En el resto de comunidades autónomas, la mayoría presididas por el Partido Popular, los gobiernos regionales no han manifestado por ahora su intención de aplicar este control, que debe poner en marcha cada comunidad autónoma.
Las patronales de vivienda y administradores de fincas, en cambio, se muestran contrarios a este control de precios y aseguran que la fuerte caída de la oferta de pisos de alquiler se debe sobre todo a la aprobación de la nueva ley de vivienda y la inseguridad jurídica que genera. Apuntan, como argumentos, que los candidatos con más poder adquisitivo pagarán por encima del precio pactado y topado de manera irregular por fuera del contrato.
Los propietarios y administradores aseguran además que el aumento de pisos de alquiler temporal, turístico y compartidos tiene que ver con la aprobación de esta ley y afirman que algunos pisos con precios inferiores a la media podrán subir para acercarse a los topes, mientras que los pisos más caros y en mejor estado pasarán al mercado temporal o por habitaciones, que ya está en auge y es más lucrativo que el alquiler regular.