El 19,46% de los contratos públicos que han sido investigados a lo largo de 2023 por la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación (OIReScon) se debieron a prácticas corruptas, según el Mapa de Riesgo de la Contratación Pública 2024 publicado hace unos días por este organismo que depende del Ministerio de Hacienda. Un riesgo que ha crecido ligeramente respecto a 2022, cuando del total de las denuncias contra licitaciones públicas, el 18,2% se debieron a prácticas corruptas.

En enero de este año, la OIRSC publicó que durante 2023 se denunciaron 221 licitaciones de contratos públicos, la mayoría de forma anónima, al entender que se habían concedido incurriendo en algún tipo de irregularidades. De ellas, según el nuevo informe de Riesgo de la Contratación Pública, 43 se deben a prácticas corruptas, mientras que el año anterior, de las 187 denuncias, 34 se debieron a actuaciones consideradas corrupción.

La Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación (OIReScon) se crea en 2017 -en el momento álgido de las acusaciones mutuas de corrupción entre partidos políticos que desembocó en la dimisión del presidente del Gobierno Mariano Rajoy tras una moción de censura- con la finalidad de velar por limpieza en los procesos de contratación pública, así como promover la concurrencia y combatir las ilegalidades. El Mapa de Riesgos se publica por primera vez, cumpliendo con la Estrategia Nacional de Contratación Pública 2023-2026.

No obstante, la preocupación por las irregularidades asociadas a la corrupción y al fraude no es nueva, pues es una de las misiones principales encomendadas a la OIReScon. En el informe anual que está obligado a realizar, la Oficina dedica un capítulo a recoger los principales resultados detectados por las Oficinas y Agencias Antifraude y otras entidades con competencia en antifraude en relación con la contratación pública.

Motivos de las denuncias

El informe señala que del análisis de las denuncias recibidas por estas Agencias y Oficinas Antifraude en los últimos años, “puede observarse que las causas afectan a todo el ciclo contractual, desde las irregularidades en la adjudicación, hasta prácticas de naturaleza corrupta en la ejecución”. En el informe de 2024 -con datos del año anterior-, las prácticas consideradas como fraude son la segunda causa de denuncia:

  • Irregularidades en la adjudicación del contrato: 32,58%.
  • La existencia de supuestas prácticas corruptas: 19,46%.
  • Irregularidades en la ejecución: 18,10%.

Como señala el informe, estas son las tres causas más frecuentes de las denuncias presentadas contra contratos públicos de las tres administraciones -estatal, autonómica y local-, y aunque sus porcentajes varían cada año, la posición tiene pocas variaciones, con la corrupción como segunda causa.

Así, las irregularidades en la adjudicación fueron la causa del 32,6% de las denuncias presentadas en 2023; del 36,9% de las de 2022; del 35,1% de 2021; el 29,8% de 2020 y el 16,9% en 2019, año en que se colocó en tercera posición cediendo el primer puesto a las irregularidades cometidas durante la ejecución del contrato.

Las prácticas corruptas representaron, como se ha señalado, el 19,46% en 2023, según el reciente informe de la OIReScon, del 18,2% en 2022; el 25,3% en 2021; el 19,8% en 2020 y el 25,4% en 2019. Como se aprecia, se produce fuertes altibajos en la evolución de las causas de corrupción sobre el total de las denuncias presentadas por contratos públicos.

En relación con las irregularidades cometidas durante la ejecución del contrato, en 2023 acumularon el 18,1% de las denuncias; el 14,4% en 2022; el 13% en 2021; un 17,6% en 2020 y el 31,3% el año anterior.

Causas de corrupción

Cuatro son las irregularidades que la OIReScon considera como prácticas corruptas. Las dos más frecuentes, son el trato de favor a empresas y el conflicto de intereses en la adjudicación con contrato y, en menor medida, el tráfico de influencias y la inexistencia de contrato. Legalmente, se considera que es corrupción cuando:

  • Trato de favor a empresas. Supuesto trato de favor a una empresa (o grupo de empresas), sin que medie, aparentemente, tráfico de influencias o conflicto de interés.
  • Conflicto de intereses. La existencia de un conflicto de interés con un funcionario o empleado público (incluido cargo electo) con implicación en la adjudicación del contrato.
  • Tráfico de influencias. Tráfico de influencias de las personas responsables del contrato y/o la adjudicataria.
  • Ausencia de contrato. Inexistencia o falta de cobertura contractual de un servicio, obra o suministro que origina un gasto.

Efecto muy limitado

No obstante, la corrupción, a tenor de los datos publicados por la OIReScon, es un fenómeno marginal si se compara con el volumen de contratos que se realizan cada año. Las 221 denuncias presentadas -muchas de ellas de forma anónima- son porcentualmente insignificantes entre las 196.763 licitaciones de concurso público que se realizaron durante 2023. Además, hay que tener en cuenta, como señala la Oficina encargada de velar por la contratación pública, que muchas de esas denuncias se quedan en nada.

Así, de las 221 denuncias presentadas en las Agencias Antifraude, 122 se han desestimado. Igualmente, la contratación pública solo representa 7,25% del total de denuncias por fraude presentadas el año pasado en las Agencias Antifraude, frente al 11,42% de 2019. Otro dato significativo que analiza la Oficina es si existe un conflicto de intereses entre el caso denunciado y el denunciador, hecho que sucedió en el 13,1% de las denuncias de 2023.