El 29% de los concursos públicos licitados en 2022 quedaron desiertos porque ninguna empresa se presentó, cuando en 2019, el porcentaje de concursos desiertos fue del 18,5% lo que supone un incremento de 10 puntos porcentuales, según el informe especial de supervisión relativo a contratos de concesión en 2022 hecho público hace unos días por la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación (OIReScon). Las patronales achacan la falta de interés de las empresas por los concursos a la rigidez de la norma y la falta de revalorización en el precio de las contratas, después de que en 2015 se aprobase la Ley de Desindexación de la Economía Pública.
La negativa del Gobierno a modificar los concursos públicos ha sido uno de los motivos que CEOE y Cepyme han argumentado para no sumarse al acuerdo para la subida del SMI del 5% acordada por el Ministerio de Trabajo y los sindicatos CC.OO. y UGT este viernes. “Desde la CEOE venimos observando el incremento de los concursos que quedan desiertos, algo que claramente se debe a que las condiciones no son las adecuadas”, señalan fuentes de la patronal a ON ECONOMIA e inciden en que la petición de que el Gobierno apruebe la indexación de los concursos se explica precisamente por el creciente desinterés de las empresas en acudir a las licitaciones. Algo relacionado con el incremento de los costes que supone las subidas del SMI.
El último informe, con datos de 2022, insiste en el continuo incremento de la deserción de las empresas de este tipo de contrato público. Así, en 2019, cuando empiezan los informes, el 18,5% de los concursos quedaron desiertos; en 2020, el 20,8%; en 2021, el 24,8%, hasta sumar el 29% en 2022. Un dato que contrasta con el resto de las formas de contratación pública, donde los contratos que quedan desiertos no llegan al 10% en 2022.
2 empresas por concurso
Pero no solo hay más concursos desiertos, también hay menos empresas que se presenten a cada concurso. En 2022, no llegaron a 2 de media (1,97 en concreto), frente a 2,48 de 2021 (un año excepcional por la licitación de unos grandes contratos de Muface dependiente de la administración estatal), 2,01 en 2020 y 2,12 en 2019. Además, en el 55% de los concursos, hubo un único licitador, aunque se trata de los contratos de menor valor económico. Algo que también se deja notar en el número de empresas que acuden a otros contratos públicos que no utilizan la forma de concurso. En 2022, frente a la media de 1,97 en los concursos, en el resto de la contratación pública se eleva a 3,21 las empresas que aspiraban al contrato, 2,9 en el caso de contratos de suministro y de 4,5 para ejecución de obras.
Sin embargo, a pesar de que el interés de las empresas por este tipo de contratación pública decae, crece el número de concursos que licitan las administraciones públicas. Si en 2019 el número de licitaciones (que pueden incluir varios contratos si son por el procedimiento de lotes) fue de 1.650, en 2022 había crecido a 2.517.
Ligado al SMI
En Cepyme se muestran especialmente preocupados por esta tendencia, pues en el caso de los concursos de ámbito local, suelen ser pymes las licitadoras. Fuentes de esta patronal, perteneciente a CEOE, señalan que el aumento de licitaciones que quedan desiertas es indicativo de que muchas pymes no pueden afrontar los términos de un contrato cuando se cambian sus costes a posteriori sin afectación alguna para la contraparte. Resaltan que el poco interés empresarial se deriva de la singularidad de estos procedimientos, que cuentan con una tramitación más compleja: porcentualmente se adjudican y formalizan notablemente menos lotes: el 48,24% frente al 78,24%, quedando, por tanto, en tramitación un número sensiblemente mayor: el 29,24% frente al 10,45%.
La patronal de las pymes defiende que “los contratos públicos incorporen algún tipo de revisión vinculada al avance del SMI, de modo que tanto las empresas como el Estado -y no sólo las primeras- soporten en alguna medida las cargas de la mejora de la retribución a los trabajadores. No parece coherente que el empresario soporte alzas cercanas al 16% en los costes laborales y su provisión de bienes y servicios al sector público se haga manteniendo congelados los precios de un contrato firmado previamente y en otras condiciones”.
Pedro Fernández Allen, presidente de la patronal de la construcción CNC -uno de los sectores más afectados por la contratación pública, incluida la fórmula de la concesión- reseña que al incremento de los concursos desiertos, “se suma que el modelo concesional en España ha entrado en sequía tras una década en la que las licitaciones públicas de contratos han caído en picado”. En los últimos ocho años se han concedido contratos por valor de 3.500 millones de euros, un tercio de los que se firmó tan solo en el año 2010, según un informe del Instituto de Estudios Económicos. Y achaca esta situación, principalmente, a las rigideces de la ley de desindexación.
No solo los empresarios
Pero los empresarios no son los únicos que se quejan de las rigideces que tiene los concursos públicos en España. La OIReScon señala que la contratación concesional tan solo supone el 3,43% respecto al volumen total de contratación pública adjudicada en España, frente al 12% de media en el conjunto de la UE. Algo que el organismo dependiente del Ministerio de Hacienda, achaca a la actual normativa.
“Como conclusión final -reseña el informe- puede afirmarse que el mercado concesional en España se ha visto limitado por la rigidez normativa, lo cual naturalmente impediría alcanzar los objetivos establecidos en la Directiva europea para los contratos de concesión, como es la de servir de instrumento para el desarrollo estructural a largo plazo de la infraestructura y los servicios estratégicos en los que se materializan las políticas públicas, en aquellos casos en los que se verifica que es la vía de mayor eficiencia en la aplicación del gasto público a dichos objetivos”.