El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la reforma del subsidio de desempleo que actualmente cobran unas 750.000 personas cada mes, una prestación destinada a colectivos que, aunque activos para el empleo, no encuentran empleo y han agotado las prestaciones contributivas. De los actuales beneficiarios, 3 de cada 4 superan los 45 años, lo que convierte esta prestación en un refugio económico para los trabajadores de más edad, con un paro de larga duración y una gran dificultad para volver al mercado laboral. A ellos se suman otras 77.750 personas que cobran el subsidio agrario y 93.500 la renta activa de inserción (RAI). En total, algo más de 921.000 beneficiarios de las distintas modalidades del subsidio de desempleo.
La reforma aprobada hoy abre la puerta a ampliar el derecho a un colectivo que se calcula en otros 400.000 posibles beneficiarios, 150.000 trabajadores menores de 45 años sin cargas familiares que hayan agotado su prestación contributiva. Hasta hoy mismo, se limitaba a aquellos que sí tenían hijos u otros familiares a cargo. El segundo colectivo, con 200.000 posibles beneficiarios, son los trabajadores del campo que podrán acceder al subsidio de empleados eventuales agrícolas, conocido como el subsidio agrario, que ha quedado restringido a Extremadura y Andalucía. Actualmente, cada mes lo cobran unos 77.750 peones agrarios, 67.420 en Andalucía y otros 10.330 en Extremadura.
7.500 millones
Desde la CEOE, se cuantifica en 800 millones de euros el coste de la reforma, de la que, dicen, se han quedado fuera ante una negociación que los empresarios han considerado poco seria y marcada por las elecciones catalanas. En 2023, el subsidio de desempleo supuso para el Sepe un coste de algo más de 6.600 millones de euros, casi 5.000 millones por prestaciones y otros 1.650 millones del pago de las cotizaciones a la seguridad del colectivo de mayores de 52 años, uno de cada 6 perceptores.
Lo que supondría que la reforma podría elevar el desembolso a los 7.500 millones si se tienen en cuenta los cálculos de la patronal, derivado, por un lado, de los nuevos colectivos que se incorporan y, por otro, al aumento de las prestaciones en los doce primeros meses. El resto, hasta completar el máximo de 30, se cobrará lo mismo que actualmente, 480 euros al mes. El Ministerio de Trabajo tenía previsto reducir el coste de la reforma en unos 450 millones, pues en un principio quiso modificar la actual cotización del colectivo de mayores de 52 años, que supone elevar las bases de cotización un 25%, superando así lo que cotizan los trabajadores con el SMI.
Trabajo consideraba innecesaria la sobrecotización, pues el salario mínimo interprofesional ha crecido con fuerza desde 2019, elevando, a su vez, la cotización mínima, sobre la que se basa la de los beneficiarios del subsidio de más de 52 años. Pero Podemos se opuso a la supresión de esta sobrecotización, lo que echo por tierra el intento de aprobar la reforma hace unos meses. Sin embargo, la pretensión de Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, de eliminar esa sobrecotización no ha salido adelante por la oposición de Podemos a apoyar la reforma si vuelve al Congreso. Además, los sindicatos han presionado durante la negociación para que se mantuviese.
Perfil del actual beneficiario
La edad es la primera característica de los beneficiarios del actual sistema de desempleo, aunque con la entrada del colectivo menor de 45 años y los perceptores del subsidio agrario, se podría bajar algo la media. Los de más de 60 años suponen un tercio de los actuales perceptores; los que están entre 55 y 59 años, suponen el 24%; entre los 50 y 54, el 12,6% y de 45 a 50, otro 7%. Aunque como curiosidad, en abril 2.712 adolescentes entre 16 y 19 años cobraron subsidio.
La segunda característica es de género, debido a las menores carreras de cotización de las mujeres, que provoca que muchas no sumen el tiempo necesario para cobrar las prestaciones contributivas. Aunque las diferencias tienden a aplanarse. En 2024, el 57% de los beneficiarios han sido mujeres.
Por comunidades autónomas, de los algo más de 760.000 personas que han cobrado de media mensual en el primer cuatrimestre del año, 181.800 habitaban en Andalucía, 97.000 en Catalunya, 95.800 en la Comunidad Valenciana y 67.700 en Madrid. De la totalidad, 100.000 han empezado a cobrar el subsidio en 2024 y los otros 650.000 empezaron en 2023 y algunos en 2022.