Casi el 40% de los estudiantes en prácticas no laborales (conocidos como becarios) están desempeñando funciones laborales que no les corresponde, según el Gobierno de coalición. Para evitar lo que el Ministerio de Trabajo considera un fraude, sigue con su pretensión de aprobar el Estatuto del Becario, una norma que ha pasado por muchas vicisitudes y lleva desde la legislatura anterior a la espera de su aprobación. Este viernes se ha terminado el plazo de información pública al que se ha sometido el anteproyecto de ley del Estatuto de las personas en Formación Práctica no laboral en el ámbito de la empresa, que así ha sido denominado por el departamento que dirige la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz.

En la Memoria que acompaña al anteproyecto, Trabajo señala tres objetivos básicos con la norma:

En primer lugar, delimitar el régimen jurídico de las actividades formativas de carácter práctico en la empresa, garantizando la “necesaria seguridad jurídica en su deslinde de las relaciones laborales reguladas en el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores para evitar su utilización irregular para encubrir relaciones laborales”.

En segundo lugar, mejorar la accesibilidad al mercado laboral de las personas jóvenes, al evitar el uso fraudulento de las prácticas no laborales como sustitutivas de relaciones laborales y clarificar sus requisitos.

En tercera posición, desarrollar el conjunto de derechos y deberes de las personas en formación práctica no laboral y garantizar su cumplimiento mediante la atribución de competencias a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y la configuración de un régimen sancionador específico.

Respecto al segundo objetivo, el equipo de Díaz busca “poner fin al extendido uso fraudulento de la figura del becario”, un fraude que, en opinión de Trabajo queda patente en los “1.598 falsos becarios y becarias detectados en las 4.194 actuaciones inspectoras en esta materia de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social entre los años 2021 y 2023”. Lo que supone que de cada 100 becarios inspeccionados, 38 son fraudulentos.

900.000 becarios en 2024

Uno de los derechos que ampara el texto que el Ministerio de Trabajo pactó con los sindicatos CC.OO. y UGT en octubre del año pasado, es la cotización de los becarios, una competencia que recae sobre otro Ministerio -el de Inclusión y Seguridad Social que dirige Elma Saiz- que ha puesto la medida en marcha el 1 de enero del pasado 2024. La propia ministra ha cifrado en “casi 900.000 los estudiantes que han cotizado a lo largo del pasado año”. La realidad es que la cotización corre casi por completo a cargo del Estado, pues las empresas o instituciones solo abonan el 5% de la cuota de los becarios, ya que el 95% está bonificado por la Seguridad Social.

El Estatuto del Becario pretende regular una figura que todavía no está legislada en la Unión Europea por lo que de aprobarse convertiría a España en pionera. Existe una confusión entre los becarios y los trabajadores en prácticas -aquellos que ya han terminado su formación y se colocan por primera vez en un empleo ligado a dicha formación- y los trabajadores en formación en alternancia -personas que no tienen formación previa, y son contratados no para realizar prácticas, sino para obtener una cualificación técnico-práctica.

Sin contrato laboral

La gran diferencia es que estos dos últimos están ligados a las empresas mediante un contrato laboral, regulado en el Estatuto de los Trabajadores y modificados con la reforma laboral y, por tanto, están sujetos a salarios, horarios y regulados por los convenios colectivos. Son pues, trabajadores, bien en prácticas, bien en formación, mientras que los “becarios” son todavía estudiantes.

Por tanto, el becario (persona en formación práctica no laboral en el ámbito de la empresa), carece de una relación laboral con la empresa, por lo que no ha firmado ningún contrato y su participación en la empresa es una extensión de la formación que está cursando en una Universidad o en centros de FP. A tal fin, las empresas han de firmar un convenio con estos centros educativos que controlarán las prácticas que están recibiendo sus alumnos en los centros de trabajo.

Un texto controvertido

La negociación del Estatuto ha sido un camino tortuoso sin un final feliz. El diálogo social ha concluido con la ruptura de las negociaciones hace 18 meses y la salida de la patronal, lo que llevó a una firma en solitario entre el Ministerio de Trabajo y los sindicatos. También ha sido un fracaso en la tramitación dentro del Gobierno español, con Sumar (anteriormente Podemos) en una tesis más cercana a los sindicatos y el PSOE a los empresarios. De hecho, la anterior vicepresidenta primera Nadia Calviño paró su aprobación que decayó con la convocatoria en verano de 2023 de las elecciones generales.

Una división que se extiende al plano institucional. El consejo de rectores -amparado por el Ministerio de Universidades- se ha mostrado contrario al texto, mientras que el Ministerio de Educación, en manos de Sumar, se mantiene alineado con Yolanda Díaz.

Un enfrentamiento que se ha dejado notar en el acuerdo de gobernabilidad firmado para esta Legislatura. El Estatuto del Becario es, junto con la reducción de la jornada a 37,5 horas, uno de los elementos más conflictivos en materia laboral entre los dos partidos que se sientan en el Consejo de Ministros.

Sin apoyo político

Finalmente, no existe sintonía con los socios parlamentarios. ERC y PNV se han mostrado retiradas veces contrarios al texto firmado con los sindicatos en octubre del año pasado, inspirador del anteproyecto de ley que ha terminado su trámite de información pública y que Trabajo pretende sacar adelante en el Consejo de Ministros.

Pero antes, el texto tiene que pasar por más filtros. Ha de someterse al dictamen del Consejo Económico y Social (CES) -se espera que el anteproyecto se remita en estos días- donde los empresarios controlan el 40% de los votos. Pero además, la Memoria señala que se “debe recabar” el informe de los Ministerios de Ciencia, Innovación y Universidades y el de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones (en manos del PSOE) y el de Educación, Formación Profesional y Deportes (del lado de Sumar).