El sector de la construcción ha visto como en los últimos dos años la presión inflacionista sobre las materias primas alteraba al alza los costes de ejecución de los proyectos de obras para infraestructuras y residencial. Esta situación ha agravado y condicionado la toma de decisiones de constructoras y promotoras. Ha constituido un problema para las empresas dedicadas a la construcción e ingeniería civil que tienen parte del negocio centrado en la obra pública y, especialmente, ha sido una traba para las pymes del sector.
Entre 2021 y 2022, solo en Catalunya, ante la falta de actualización de los pliegos de condiciones de los proyectos licitados, han quedado desiertos 577 concursos públicos, por un valor global de 166,3 millones de euros. Es significativo que la media del valor presupuestado es de unos 300.000 euros, hecho que refuerza la idea que "no hay deserción entre las grandes constructoras, sino que son las pequeñas y medianas empresas las más afectadas", opina la Cámara de Contratistas de Obras de Catalunya (CCOC). "Los proyectos y los correspondientes pliegos de condiciones no están adaptados al incremento de precios que se ha registrado desde 2021 y los contratistas y promotores se ven obligados a descartarlos porque hacerse cargo de estas obras implica una pérdida patrimonial sustancial", explica Lluís Moreno, presidente de la Cámara de Contratistas de Obras de Catalunya (CCOC). "Sin ejecución pública estamos ante una situación grave porque las empresas que tienen centrado su negocio en este segmento no tienen actividad suficiente para salir adelante y para crear empleo", añade.
El sector ha registrado un incremento de costes del 20% por término medio en las materias primas: "ninguna ha quedado al margen de las subidas". La media del precio de los materiales ha aumentado un 30% en dos años, y se ha agudizado en casos como el aluminio (+55%) o el acero (+46%). "Quizás la única excepción sería el caucho, pero es un material poco utilizado en la construcción", explican desde la CCOC. Todo con una inflación anual desbocada en diciembre del 5,8%.
Los últimos datos disponibles muestran que en el último trimestre de 2022 -el de más volumen de proyectos públicos licitados- ha crecido un 38% el número de concursos públicos en los cuales solo han participado una o dos compañías, "un síntoma más de que no se han ajustado los costes al alza". "La media de concurrencia en una licitación es de unas 10 empresas por concurso y ahora nos encontramos con que solo un 8% de las convocatorias reciben más de ocho propuestas", concreta Moreno.
La controversia no se da solo a Catalunya. En el conjunto de España, las licitaciones desiertas se disparan un 559% en los dos últimos años porque no ha habido ninguna compañía dispuesta a presentar una oferta. En 2022, según los datos de la compañía tecnológica de soluciones analíticas DoubleTrade, se registraron 7.463 concursos públicos desiertos; cosa que supone la paralización de 5.303 millones de euros provenientes de las arcas públicas, un 146% más que en el 2021. Eso implica que el importe medio por contrato sin ejecutarse el último año supera los 710.000 euros. Además, cerca del 95% de las operaciones no incluye una revisión de precios; factor que explica la gran cantidad de licitaciones desiertas. Si lo comparamos con 2021, el volumen de licitaciones desiertas se incrementó un 9,9% (6.788 concursos paralizados).
Más concursos de acreedores y disoluciones
Siguiendo con la radiografía del sector en Catalunya, el año pasado la construcción se convirtió en la actividad donde más número de disoluciones de empresas se registró. En concreto, se han disuelto 586 constructoras o firmas de actividades inmobiliarias, lo que representa el 26% de todo el tejido empresarial desaparecido durante el 2022. Mientras que las disoluciones en Catalunya han aumentado en un 1,9% con respecto a 2021, el sector de la construcción lo ha hecho en un 7,5%.
Al mismo tiempo, los concursos de acreedores se han incrementado un 15,5% en Catalunya con respecto a 2021, mientras que los concursos de acreedores del sector de la construcción lo ha hecho en un 26,7%, siendo uno de los sectores más perjudicados, con un número de 361 empresas declaradas insolventes.
Por todo eso, la Cámara de Contratistas considera esencial alcanzar el máximo consenso y coordinación, tanto entre el conjunto de las administraciones públicas, como entre estas y el sector privado, a través de las colaboraciones público-privadas, para conseguir la máxima eficiencia en la gestión de los fondos europeos. En este sentido, este año solo 324 licitaciones de obras han sido vinculadas a los fondos europeos Next Generation. La licitación vinculada a este fondo se ha incrementado notablemente a partir del segundo trimestre, aunque solo suponen el 16% de la licitación, alcanzando los 633 millones de euros.