En España, el 56% de las facturas entre empresas se pagan fuera de plazo, es decir, superando los 60 días que marca la ley, según un informe de la Comisión Europea recogido por Cepyme, patronal de las pequeñas y medianas empresas. La CE constata la dispersión existente entre la morosidad de los 19 estados miembros analizados. Así, en Dinamarca tan solo 1 de cada 10 facturas se pagan con retraso, mientras que en extremo opuesto, en Rumania, la proporción cambia y son 9 de cada 10 las que no se abonan a tiempo.
España se coloca en la media, junto con Bélgica, donde también el 56% de los pagos entre empresas se hace fuera de plazo. Por debajo de ambos países, en Francia se eleva al 58% y en Italia el 62%. Por encima, en Alemania -que ocupa el quinto puesto-, el 35% de los pagos se efectúan después del vencimiento de la factura. Entre Dinamarca y Alemania se encuentran Polonia, los Países Bajos y Hungría. El vecino Portugal, sin embargo, se sitúa con un 82% de recibos morosos en la cola, tras Rumanía, y por debajo de Bulgaria, con el 79% de los pagos abonados con retraso.
No perder al cliente
Cepyme insiste en que la morosidad con los plazos de pago se debe en parte a las peculiaridades nacionales, aunque es relevante el tamaño empresarial, ya que una pyme ve más comprometida su operativa diaria si afronta problemas de liquidez. En el caso de España, según los datos de la CE, es especialmente relevante que las pymes acepten los pagos demorados con la pretensión de mantener la relación comercial con los clientes que no deteriore futuras transacciones, así como las características específicas de cada sector.
Por este motivo, la patronal de pymes perteneciente a la CEOE ha analizado la situación de España en el contexto europeo, pues está convencida de que es urgente homogeneizar las normas contra la morosidad en el ámbito europeo “para garantizar que todas las empresas cuenten con las mismas reglas y preservar la libre competencia”. Desde la patronal se destaca que la morosidad en las operaciones comerciales es un problema generalizado en Europa, que tiene graves efectos negativos sobre la liquidez de las empresas y afecta de manera especial a las pymes, por sus menores recursos y capacidad de negociación con los proveedores y clientes, y mayor debilidad para afrontar el retraso de pagos. La morosidad supone un incremento de los gastos de financiación de las empresas, que deben asumir periodos elevados de demora en los pagos, ocasionando costes muy altos, a veces inasumibles, y limitando su capacidad de competir y reinvertir.
Debate comunitario
Este pasado jueves, el Consejo de Competitividad de la UE rechazó establecer en 30 días el plazo máximo obligatorio para el pago de las facturas, medida a la que se opusieron 24 de los 27 Estados miembros. Sin embargo, Cepyme insiste en aprovechar la votación del reglamento europeo de morosidad, el próximo 21 de marzo, en el Comité de Mercado Interior y Protección de los Consumidores del Parlamento Europeo, para agilizar la aprobación de esta regulación para homogeneizar las normas contra la morosidad en el ámbito europeo. La patronal de pymes considera “imprescindible que esta regulación tenga en cuenta la realidad de la empresa, especialmente de las pequeñas y medianas, y las condiciones especiales de los sectores económicos” y que su aplicación tenga resultados eficientes en la práctica, reduciendo los plazos medios de pago, que ocasionan graves problemas de liquidez y de financiación a las pymes.
Ley de 2004
La morosidad comercial está actualmente regulada en España por la Ley de morosidad de 2004 y por la Directiva Europea de Morosidad, de 2011. Pero, en opinión de Cepyme, la actual regulación se ha mostrado insuficiente para hacer frente al incremento de la morosidad y reducir los períodos medios de pago, que superan los 80 días en España, 20 más de lo que establece la Ley. Siendo vicepresidenta primera Nadia Calviño, el Gobierno de Pedro Sánchez aprobó la Ley de creación y crecimiento empresarial, que introdujo medidas sancionadoras, pero según la patronal de las pequeñas y medianas empresas, no solo no han resultado eficaces, sino que, “por el contrario, penalizan de manera especial a las pequeñas y medianas empresas, limitando su capacidad para acceder a ayudas o contrataciones públicas”.
La patronal insiste en que lleva más de diez años trabajando en una solución a este problema a través del Observatorio de la Morosidad, en el que participan los principales sectores afectados por la morosidad y se realiza un seguimiento permanente de la evolución de esta, así como análisis y propuestas en esta materia. La patronal ha trasladado estos análisis a la Comisión Europea y a altas instituciones comunitarias, especialmente a raíz de la tramitación de este reglamento, insistiendo en la necesidad de abordar conjuntamente la lucha contra la morosidad y contar con unas reglas claras y homogéneas en toda la UE.