A 31 de diciembre del pasado año, había 283.811 hogares que estaban cobrando el ingreso mínimo vital (IMV), de los que solo 42.879 (el 15%) entraron en el programa de ayudas el pasado año. La larga permanencia es una de las principales conclusiones que se obtiene del análisis realizado sobre el ingreso mínimo por la AIReF en la segunda opinión sobre el Ingreso Mínimo Vital que emite la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal sobre esta prestación, correspondiente al ejercicio de 2022. Según los datos de la AIReF, 177.145 de los actuales hogares beneficiarios, el 62%, empezaron a cobrar la ayuda en 2022, cuando se puso en marcha con motivo del covid, y otros 63.787 (el 22,5%) se apuntaron a lo largo de 2021. De media, los hogares llevan 20 meses cobrando el IMV, lo que pone de manifiesto que uno de los objetivos, el de intentar reincorporar a los beneficiarios al mercado laboral y que mejoren sus condiciones vitales, se está cumpliendo escasamente.
La AIReF resalta, “desde la perspectiva inversa”, que del total de hogares que arrancaron a percibir el IMV, siguen en el programa el 63% o, en sentido contrario, tan solo el 37% ha podido obtener la suficiente renta a lo largo de estos dos años y medio, como para no tener ya derecho a percibir el IMV. Respecto a los meses cobrando el ingreso mínimo, destacan por una mayor persistencia los hogares monoparentales y aquellos compuestos por dos adultos y ningún menor.
Junto a la baja rotación de los hogares amparados por el IMV, otra de las conclusiones de la Opinión de la AIReF sobre el IMV -que ha sentado especialmente mal en el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social según un comunicado remitido a los periodistas-, es el estancamiento en los hogares beneficiados. Así, el número de hogares con la percepción a 31 de diciembre del pasado año era muy similar al del mismo día de 2021. Lo que significa que el año pasado se dieron de baja un número similar a los hogares que entraron en el sistema (42.879).
Devolver 2.500 euros
El análisis de la AIReF desvela que el 16% de los hogares, unos 45.000, fueron dados de baja por el Ministerio de Inclusión al detectar, con los datos de la Agencia Tributaria (están obligados a presentar declaración, aunque no a pagar la renta, pues están por debajo de los mínimos exentos) que habían superado los mínimos con derecho a la ayuda estatal. Lo que supone que estuvieron cobrando una prestación pública que no les corresponde y, por tanto, tuvieron que devolver de media 2.500 euros por hogar, según los cálculos de la AIReF.
Desde AIReF insisten en que no se trata de un fraude, sino de un cambio en la percepción de ingresos en los hogares beneficiarios procedentes bien de algún trabajo o bien de alguna otra prestación. En principio, en enero se revisa si cumplen con los límites a partir de los que se genera el derecho a cobrar el IMV, pero en septiembre, la Tesorería de la Seguridad Social, con los datos de Hacienda, revisa sus ingresos que si superan el límite máximo implica la baja de la prestación y la devolución de lo cobrado de más. De hecho, según el estudio de la Autoridad Independiente, el 83% de los hogares beneficiados tuvieron en 2022 una revisión de sus importes. En concreto, al 27% se le revisa el importe a la baja (en unos 1.000 euros), otro 40% al alza (en algo menos de 1.000 euros) y, a ese 16%, se les da de baja. El restante 17% mantenía los mismos ingresos que al empezar el año.
Dado el esfuerzo que supone para estas familias hacer frente a la devolución de los 2.500 euros, el Ministerio de Inclusión ha puesto en marcha algunas medidas para paliar este problema, entre ellas, la posibilidad de que si aumentan los ingresos, los primeros 300 euros al mes se queden exentos. Desde el principio, en 2020, se permite compatibilizar la prestación con ingresos del trabajo, pero por cada euro que se ganaba, se dejaba de cobrar un euro del IMV. A partir de este año se ha suavizado, con esos 300 euros exentos, pero como destacan en la AIReF, eso será a partir de este año, lo que hace pensar que los 2.500 euros que han tenido que devolver esos 45.000 hogares será mucho menor en 2023.
Solicitudes denegadas
Otro de los hallazgos de la AIReF es la paradoja de que el 58% de los hogares (800.000) que según sus cálculos tendrían derecho a cobrar el IMV no lo ha solicitado. Es lo que se conoce en el argot comunitario como el non take up o renuncia voluntaria a una prestación pública a la que se tiene derecho. Y, sin embargo, de los que piden la prestación, al 69% se lo deniegan por diversas causas. La principal, que supone el tercio del total de los rechazos, se debe a que el hogar solicitante supera los ingresos límites, en concreto, en 7.800 euros anuales de media.
La segunda causa, el 19%, son problemas de empadronamiento; el 13% por un nuevo requisito denominado el test de activos; otro 16% por la documentación incompleta y el 10% por la combinación de estas causa. No obstante, el 13% del total de las solicitudes tiene una calificación de denegación provisional, ya que están todavía en un proceso abierto, por lo que podría reducirse el porcentaje de solicitudes fallidas.