España ha dejado de ser un caso atípico dentro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE) gracias a la indexación, a partir de este año, la subida de las pensiones a la evolución de los precios al consumo, pues es la forma más común entre los países desarrollados que componen la organización. Así, la revalorización de la nómina de los pensionistas se ajusta a los precios en 22 países de la OCDE, a los que hay que sumar otros 5 que permiten elegir el IPC en caso de ser la opción más beneficiosa para los jubilados: 27 países, sobre un total de 39, según se desprenden del informe sobre Pensiones 2023 de la OCDE conocido este miércoles. Es decir, 7 de cada 10 países que pertenecen a la organización se rigen por la inflación.
Irlanda es el único país de la OCDE cuya subida es discrecional y, por tanto, en manos del Gobierno, como ha sucedido en España entre 2017 (cuando se dejó de aplicar la fórmula ideada por el Partido Popular en 2013) y 2022, que se ha recuperado la indexación al IPC vigente hasta 2012, aunque el socialista José Luis Rodríguez Zapatero la anuló varios años por problemas presupuestarios. El informe de pensiones de la OCDE destaca que España reintrodujo la indexación de precios en noviembre de 2021, con efecto a partir de 2022, “después de que el mecanismo de ajuste anterior (partido popular) provocara una disminución de las pensiones en términos reales durante varios años consecutivos".
Salarios e IPC
Por tanto, en la actualidad, con la salvedad de Irlanda, los otros 38 países tienen un sistema preestablecido para que la subida de las pensiones sea predecible y genere certidumbre en los beneficiarios de las prestaciones públicas. Existen dos grandes magnitudes económicas que determinan las subidas de los pensionistas: los precios, generalmente los índices de precios al consumo o IPC, y los salarios. Pues bien, de los 39 países, solo 6 ligan el poder adquisitivo de los jubilados a las subidas salariales (Dinamarca, Letonia, Países Bajos, Chequia, Colombia y Costa Rica).
Y otros 4 utilizan un sistema mixto. En concreto, en Estonia se determina la fórmula de la subida de las pensiones, ponderando un 20% el IPC y un 80% los salarios; en Alemania, un 70% el IPC y un 30% los salarios y en Noruega y Suiza, un 50%-50%. Por tanto, en estos países, aunque la inflación no determina la subida, tiene un gran peso. En el caso de Australia, Islandia, Reino Unido, Nueva Zelanda y Luxemburgo, la subida será la mayor entre el IPC y los salarios, por lo que en años de fuertes inflaciones (como los tres últimos), no pierden poder adquisitivo, y en los periodos con precios más bajos y recuperación salarial, también salen ganando.
Junto a España, que se ha sumado este año al club y cuyas revalorización para 2024 será de un 3,8%, los países que ligan las subidas salariales a la evolución de la cesta de precios son Austria, Bélgica, Canadá, Chile, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Israel, Italia, Corea del Sur, Lituania, México, Eslovaquia, Suecia, Turquía, Estados Unidos, Japón, Polonia, Portugal y Eslovenia. Aunque el informe de la OCDE aclara que “los mecanismos de indexación varían significativamente entre países y entre planes de pensiones dentro de los países”.
Como ejemplo, aunque la mayoría de los países utiliza el índice de precios al consumo (IPC) como indicador para medir la evolución de los precios, algunos países aplican parámetros similares como el coste de la vida (Luxemburgo), la inflación descontando la vivienda (Portugal) o un IPC ajustado a los parámetros de consumo de las personas más mayores (República Eslovaca). Igualmente, hay variaciones respecto al tipo de pensiones que la OCDE diferencia entres las básicas (no contributivas en España), las contributivas y unas reglas mínimas de seguridad.
En el caso de España, la revalorización según el IPC se liga a las contributivas y a la red de seguridad, como lo denomina la OCDE. Sin embargo, las no contributivas, de carácter más asistencial, no están ligadas a la inflación, sino que es una decisión discrecional del Gobierno. En la reforma de las pensiones firmada en abril de este año, se llegó al acuerdo de que estas pensiones básicas subirían por encima del resto de las contributivas; es decir, más que el IPC. Hace unos días, la nueva ministra de Inclusión y Seguridad Social, Elma Saíz, ha desvelado esta semana que subida se aplicará a estas pensiones básicas.
Otra diferencia, que aplican ciertos países que la inflación no se aplique al conjunto de las pensiones, pudiéndose quedar fuera las más cuantiosas, salvando siempre las más bajas. Una propuesta que sonó mucho en España para minimizar el fuerte impacto del 8,4%. No obstante, en contra, el Gobierno y los sindicatos alegaron que aquellos pensionistas con mayores nóminas, habían cotizado más y, por tanto, perdían un derecho que se habían ganado con sus aportaciones al sistema.
Momento de aplicación
Pero tan importantes como el cuánto es el cuándo se revalorizan las pensiones, según pone de manifiesto la OCDE. Así, durante el pasado año, los precios subieron una media anual del 8,4% que no se ha empezado a recuperar en el caso de España hasta enero. Por este motivo, con los altos niveles de inflación, cuándo y también cómo se indexan estos beneficios, se ha vuelto más importante y muchos países han tenido ajustes discrecionales adicionales en los últimos años para combatir las fuertes inflaciones, especialmente del pasado año. El informe de la OCDE apunta cuatro grandes ideas ante la actual situación de inflación y pensiones:
Coste. El actual episodio de alta inflación invierte la forma habitual de pensar sobre la indexación de las pensiones. En el corto plazo, debido a la caída de los salarios reales, la indexación de precios se ha vuelto más favorable para los pensionados que la indexación de salarios. Pero es más costoso de lo previsto inicialmente para las finanzas públicas o los proveedores de pensiones en general.
IPC o más. Más de la mitad de los países de la OCDE protegen plenamente a los pensionados de las tendencias inflacionarias a lo largo del tiempo. Estos países indexan las pensiones a los precios o a los precios más (parte del) crecimiento de los salarios reales si son positivos.
Revalorizaciones frecuentes. Es necesaria una indexación frecuente para mantener el poder adquisitivo de los pensionados. La pérdida de poder adquisitivo también puede deberse a retrasos en la suavización del indicador de indexación durante períodos prolongados.
Rentas altas. Aplicar reglas de indexación de manera consistente es clave para generar confianza en las pensiones. Sin embargo, proteger a los pensionados contra la alta inflación ha resultado costoso. Puede ser justo que en tiempos excepcionales los pensionados de altos ingresos compartan parte del dolor con la población en edad de trabajar en términos de ajustes reducidos de beneficios.