Cada año, se emiten en torno a 18.000 millones de facturas en la Unión Europea, lo que equivale a más de 500 por segundo. Más allá de la cantidad, están los retrasos en este sistema, que favorecen la morosidad. Por todo ello, el último pleno de Estrasburgo ha servido para sentar las bases definitivas de la necesidad de tener flujos de pago fiables, para hacer que la economía de la UE y, especialmente, la de las pequeñas y medianas empresas —pero también la de los autónomos— sea más competitiva. En este contexto, se acaba de aprobar el Reglamento Europeo contra la Morosidad.
30 días será la norma general
Desde la Eurocámara, ON ECONOMIA ha podido hablar con Laura Ballarín, una de las eurodiputadas más activas en el impulso este reglamento, miembro del grupo The Progressives y secretaria de Política Europea e Internacional del PSC, que subraya la importancia de este cambio y las diferencias que se marcarán a partir de ahora: "Con la normativa actual, los pagos son a 30 días para la administración pública y a 60 para las empresas, el B2B. Y sobre todo existe libertad de acuerdo, y aquí está la trampa cuando los empresarios pueden alargar el periodo de pago y llegar a 120 o 150 días, fuera del marco legal e igual que en otros países europeos. Lo que hacemos a partir de ahora es mantener 30 días para las administraciones públicas y 30 días para las transacciones entre empresas, y alguna excepción de 30+30; y hasta 120 días para bienes estacionales o de rotación, ya que entendemos que algunos —por su propia naturaleza— no tienen tanta rotación y los comerciantes necesitan más margen".
Pero los cambios no acaban aquí: "Endurecemos la normativa, que pasa a ser reglamento, y establecemos los plazos y los acuerdos entre partes. Hasta ahora, en la práctica, no se daba un acuerdo entre partes iguales, ya que las grandes empresas se aprovechan de este acuerdo. Te pongo un ejemplo: dicen a una pyme que harán una compra de 100.000 euros, pero ellos mismos marcan que lo pagan a 120 días. Si la pequeña empresa depende de estos ingresos, acepta el acuerdo. Y las grandes empresas no es que no paguen porque no pueden, sino que han creado un sistema de ingresos basado en capitalizar sus ingresos con los bancos y tener beneficios extraordinarios a costa de las pequeñas empresas", sostiene la eurodiputada Ballarín.
Si vamos a las cifras absolutas, la media de pago en España se dispara hasta los 82 días. Y en el conjunto europeo, las PYMES son el 98% del tejido, más de 24 millones de pymes, pero a nivel de cotización, no es la misma. Si lo llevamos al terreno de Catalunya —país de pymes y autónomos—, PIMEC y otras asociaciones han visto que realmente es una lucha entre dos poderes que no tienen la misma fuerza. Estamos hablando de favorecer a la mayoría del tejido empresarial catalán ante una situación de la que los grandes se benefician. Los estudios de la Comisión dicen que una de cada cuatro pymes en Europa quiebra por culpa de la morosidad.
¿A quién favorece pagar tarde?
Por todo ello, socialistas, pero también liberales, excepto la extrema derecha, han votado a favor. El camino hasta llegar aquí no ha sido fácil, sobre todo en el caso de grandes corporaciones de Alemania y Francia, que presionaron a sus respectivos gobiernos. En ambos casos, estos países ya tienen leyes muy estrictas para sus empresas y se aprovechan de otras normativas nacionales de otros estados miembros: "Carrefour, es francesa, y dentro de su país paga en los plazos marcados, pero en otros países, como España, alarga sus periodos de pago y de este modo lo compensan. Por eso queremos una normativa europea, para romper con estas diferencias. También lo hemos visto en Polonia o en otros estados del Este", asegura Laura Ballarín.
Por su parte, las autoridades públicas tendrán algunos costes por asumir, como proporcionar acceso a la gestión de créditos. La formación en alfabetización financiera/digital comporta algunos costes de ajuste, dependiendo de cómo sea el miembro. Los estados estructuran su apoyo, por eso no se puede dar una estimación definitiva de costes. En este caso, las comisiones en transacciones de gobierno a empresas (G2B) ascienden a 37,2 millones de euros y 0,53 euros, es decir, mil millones al año, respectivamente. Estos costes se pueden evitar pagando a tiempo.
A partir de aquí, la comisión debe detallar muy bien cuáles son los bienes estacionales de rotación y dónde puede haber margen. Desde el grupo socialista, se ha pedido a la Comisión que establezca bien los criterios y de forma regular: "Nosotros incluimos una enmienda para que los 120 días no se aplicaran a microempresas y autónomos, pero no hemos tenido el apoyo de la derecha. A pesar de todo, sí evitaremos abusos de transacciones comerciales que no corresponden", concluye la eurodiputada.