La patronal de los pisos turísticos en Catalunya, Federatur, ha anunciado este miércoles que recurrirá ante el Tribunal Constitucional el nuevo decreto ley de la Generalitat para poner freno y control a los apartamentos turísticos en todo Catalunya y que supondrá la desaparición del 80% de los 95.000 de los pisos turísticos existentes en Catalunya. La Federación Catalana de Apartamentos Turísticos (Federatur) ha alertado en el Govern del coste económico de la desaparición de estos alojamientos turísticos no solo por la disminución de la recaudación en impuestos y por el descenso del PIB en el sector turístico, comercial y de restauración, sino también porque rescindir las licencias de los negocios existentes tendrá un coste de 4.000 millones de euros en las cuentas de la Generalitat. El sector está en pie de guerra desde que este martes, en consejo ejecutivo catalán aprobó por la vía de urgencia una norma que afectará a 262 municipios de Catalunya y los ayuntamientos tendrán que adaptar su planeamiento urbanístico con el fin de justificar que tienen bastante suelo para vivienda permanente y que, como mucho, tendrán 10 pisos turísticos por cada 100 habitantes.
El presidente de Federatur, David Riba, y Enrique Alcántara, el presidente de la asociación Apartur que engloba los pisos turísticos de Barcelona han denunciado el agravio de una norma "que se ha salido adelante por la vía de urgencia, sin consultar en el sector y sin dar pie al debate parlamentario", de manera que no se ajusta a la realidad del sector" y que, en ningún caso, tendrá el efecto que se persigue: incrementar el número de pisos en régimen de alquiler y a precios asequibles". Sino al contrario, especialmente en la ciudad de Barcelona -donde ya hay una regulación que limita los pisos turísticos- y en los municipios más turísticos de la costa catalana, "efecto reducirá los ingresos por turismo", o habrá que construir más plazas hoteleras para absorber la demanda, ha dicho Alcántara. En este sentido, las dos patronales han acusado a las administraciones de haber cedido delante las presiones del sector hotelero, concretamente, en la ciudad de Barcelona ante el lobby del Gremio de Hoteles.
El presidente de la Federación Catalana de Apartamentos Turísticos (Federatur), David Riba, ha acusado a la Generalitat de "legislar en clave populista" y ha asegurado que estos alojamientos representan el 40% de la oferta turística de Catalunya y cree que el Govern ha redactado esta normativa sin realizar ningún tipo de estudio sobre la afectación que podría tener y basarse solo en "opiniones de alcaldes". Afirmó que el sector aporta 3.000 millones al PIB turístico y que la medida afectará a unos 25.000 trabajadores de forma directa, así como a otros sectores económicos, como el comercio o la restauración.
Respecto a la afectación en las zonas más turísticas, las patronales recuerdan que el 80% de la vivienda de uso turístico en Catalunya son segundas residencias y que "si los propietarios se ven obligados a rescindir las licencias, estas viviendas no pasarán a ser residenciales sino que quedarán vacías los meses que sus propietarios no las utilicen", con lo que solo habrá una afectación negativa para estas poblaciones, que verán reducido el número de residentes ocasionales, con el correspondiente descenso de las ventas en comercios y otros establecimientos.
Un paso atrás en ciudades como Barcelona
Por su parte, Alcántara ha dicho que en Barcelona los pisos turísticos habilitados son 9.500, de los que están operativos 6.234, y solo representan el 0,77% del total de la oferta de alojamientos existente. Ha recordado que, en Ciutat Vella, hace 18 años que no existen nuevas viviendas turísticas, 9 años en el caso del resto de Barcelona, lo que no ha impedido que el precio de la vivienda haya registrado importantes incrementos. Desde la patronal se advierte que, ante la incertidumbre que habrá durante los próximos cinco años hasta que sea de aplicación la norma e independientemente de que el Tribunal Constitucional admita a trámite el recurso que con toda probabilidad presentará el sector, se provocará un "nuevo boom de la ilegalidad, con la consecuente y peligrosa falta de control y seguridad de la oferta de alojamiento". "Si hace 10 años el Ayuntamiento de Barcelona estableció unas normas de controles para aflorar un número significativo de alojamientos que no cumplían las regulaciones establecidas y se ha llegado a un estatus donde todo es legal y, por tanto, está asegurado su control y la seguridad de los visitantes y los residentes, ahora se dará un paso atrás y puede darse el caso de que muchos propietarios, antes de perder el negocio, opten por mantenerlo de forma ilegal", ha explicado.
Alcántara ha expresado su temor a dar a los alcaldes la potestad de "acabar con las viviendas turísticas", ya que en las elecciones municipales podría haber candidatos "populistas" que se comprometan a prohibir todos los pisos turísticos, por lo que Barcelona viviría una "crisis importante" y no podría acoger grandes eventos como la Copa América de Vela o el Mobile World Congress.