Una de las primeras decisiones que ha tomado el gobierno de las Islas Balears liderado por el PP de Marga Prohens y en coalición con Vox es la desaparición vía exprés de la Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción de las Islas Balears (OAIB). El motivo, según su propuesta de ley, es el de "simplificar las estructuras administrativas" y "eliminar duplicidades de actuación y garantizar el principio de estabilidad presupuestaria". En pleno despliegue de la ley de protección a denunciantes de corrupción, el director de la oficina, Tòfol Milán, define como "asedio continuo" los últimos movimientos del gobierno balear contra su oficina. "Con la nueva propuesta de ley (de eliminación de la oficina), el gobierno demuestra que no tiene ninguna intención de luchar contra la corrupción. Es muy grave porque tenemos denunciantes protegidos. La transparencia y el combate a la corrupción estarán en riesgo", lamenta en declaraciones a ON ECONOMIA.
El asedio del nuevo gobierno a la oficina ha ido más allá de la propuesta de ley y la portavoz adjunta del PP ha acusado directamente a Milán, licenciado en Economía y Empresariales, especializado en Financiación e Inversión y con experiencia como economista en el sector público desde el año 1993, de estar "prestando sus últimos servicios al PSOE". Ha anunciado, además, que llevará a cabo una auditoría para saber "por qué se han archivado determinados expedientes" y ha acusado al organismo de investigar con más ahínco los casos populares que socialistas. Es más, llegó a calificar a la entidad como oficina "antioposición". Las acusaciones contrastan con las declaraciones del portavoz del PP en el Ayuntamiento de Ibiza, José Vicente Marí Bosó, que aseguró en abril que "hasta la Oficina Anticorrupción se ha hecho eco de los tejemanejes y las puertas giratorias de Ruiz a costa de los ibicencos", en referencia a una investigación por puertas giratorias contra el alcalde de Eivissa, Rafael Ruiz.
"El caso pasó a Fiscalía y por eso cuando fiscalía actúa, nosotros archivamos", defiende Milán en referencia a las acusaciones sobre el archivo de los casos socialistas. Milán considera que "no tiene sentido" que el ejecutivo balear presente una auditoría contra la OAIB, que depende del Parlament. "¿Quién es el ejecutivo para hacer una auditoría de un órgano que depende del Parlament? Las informaciones, además, son secretas, por tanto, no tiene sentido que haya una caza de brujas sobre qué has hecho y no has hecho. Para eso se puede convocar una comparecencia parlamentaria siempre que quieran, eso es una auditoría", argumenta. Además, "ya existe una comparecencia anual para explicar la memoria" de la entidad.
Milán también se defiende de las acusaciones sobre el coste de la oficina, de un millón y medio de euros, "son dos de cada 10.000 euros del presupuesto balear", defiende al apuntar a los 7.100 millones de presupuesto anual del Govern balear. Además, asegura que "será aún más caro" aprobar un convenio con el gobierno central para traspasar las competencias anticorrupción y contratar nuevo personal para ocuparse de las declaraciones de bienes de cargos públicos del Parlament internamente (ahora se encarga la oficina), hecho que según Milán supondrá "un paso atrás". "No sé con qué voluntad lo hacen ni por qué, pero si comparo la ley actual con la que han presentado lo que veo es que no hay intención de luchar contra la corrupción", añade Milán.
Sobre la "duplicidad" de funciones que alega el nuevo gobierno en relación con la Oficina Anticorrupción, Milán también las descarta. "Dicen que tenemos competencias compartidas con la Sindicatura de Comptes, con la intervención general y con fiscalía y no es cierto. La Sindicatura de Comptes no puede investigar y mirar expedientes, tan solo revisar las cuentas del gobierno. Intervención general solo puede resolver denuncias y con la Fiscalía tenemos un convenio para colaborar con ellos, que nos definen como unos posibles peritos, como expertos contables", desarrolla. "Si desaparecemos, la capacidad de investigar contra la corrupción disminuirá", defiende, y apunta sobre todo a aquellos casos que no suponen delitos o faltas graves y contra los que la Justicia no actúa.
La eurodiputada mallorquina del PSOE Alícia Homs ha anunciado que planteará ante la Comisión Europea el posible cierre de la oficina como una vulneración de las directrices de la UE contra la corrupción. Milán explica que "nadie del Gobierno" se dirigió a la oficina para trasladar sus intenciones o conocer de cerca el trabajo y que fue él quien pidió una reunión al presidente del Parlament, Gabriel Le Senne, a quien le trasladó que "no puede estar el ejecutivo criticando una oficina del legislativo y que este no diga nada".
"No sabemos qué pasará con los denunciantes que están protegidos"
Más allá de las denuncias de corrupción, tanto públicas como privadas, que gestione la oficina, la aprobación de la nueva ley española de protección de informantes de corrupción traspasa a las comunidades autónomas que tienen oficinas de este tipo (Catalunya, Navarra, Madrid, Andalucía y Comunidad Valenciana, además de Balears) las competencias para proteger a las personas que denuncien casos de corrupción o irregularidades en empresas y administraciones públicas. También deben sancionar a las empresas que no dispongan de un canal anónimo para estos denunciantes y de habilitar uno externo donde se puedan elevar las quejas. "Si eliminan nuestra oficina, es muy grave, porque tenemos denunciantes protegidos", defiende Milán. "No sabemos qué pasará con estas personas, si perderán cualquier tipo de protección y quedarán expuestas a represalias de empresas o administraciones", remata. Como en el resto de comunidades la aplicación de la ley está pendiente de la aprobación de la Autoridad Independiente de Protección del Informante, los denunciantes quedarían desprotegidos hasta que esta exista también en Balears.
La Oficina de prevención y lucha contra la corrupción de las Islas Balears recibió el año pasado 124 denuncias, provenientes de 54 corporaciones locales, 14 personas físicas, 13 entidades públicas, 8 administraciones estatales, 7 del Govern balear, 6 de empresas y entidades privadas y el resto de otras agencias públicas. En la memoria se constata como el ratio de denuncias por habitante es superior en Balears a otras comunidades como Catalunya o Comunidad Valenciana. De los 107 expedientes finalizados, 5 acabaron en actuaciones judiciales, 6 con informes razonados, 9 con informes con recomendación, 44 fueron archivados y 43 inadmitidos.
Desde 2015, la oficina ha registrado también 5.884 declaraciones patrimoniales y de actividades de cargos públicos en los nombramientos y ceses de cada uno de ellos (1.120 en la presente legislatura). Desde 2019, ha registrado un total de 375 denuncias de diferente índole, de las que aún tiene pendientes de tramitar 205 y 20 en investigación, y un total de 18 han acabado en actuaciones judiciales. "Las oficinas anticorrupción son molestas, pero es nuestro trabajo", sentencia Tòfol, consciente de que tal vez "en un mes y medio o dos" su cargo y su oficina desaparecerán. "Volveré a mi cargo anterior de funcionario", señala, consciente de que estará bajo las órdenes de los mismos partidos que ahora le apuntan y quieren acabar con la oficina.