El presidente de la patronal de apartamentos turísticos Apartur, Enrique Alcántara, ha enviado una misiva la asociación GSMA, organizadora del Mobile World Congress (MWC), a la feria de la industria del Audiovisual (ISE) y a Fira de Barcelona para recabar su apoyo y conseguir que el Govern haga marcha atrás y retire el decreto ley que ha aprobado para limitar el número de viviendas de uso turístico en 262 municipios catalanes, incluida la ciudad de Barcelona. Alcántara recuerda al director de la GSMA, John Hoffman, a su homólogo en el ISE, Mike Blackman, y al director general de Fira de Barcelona, Constantí Serrallonga, que la aplicación de esta norma supondrá la eliminación del 40% de la oferta de alojamiento reglado en Catalunya, en un período de 5 años, y que ello comportará "una amenaza importante para la capacidad de la ciudad de albergar grandes eventos" como el Mobile World Congress, el ISE o la mayor parte de los certámenes que organiza Fira de Barcelona.
Por ello, la patronal de apartamentos turísticos considera que sería apropiado abordar estas cuestiones en un encuentro al que emplaza a cada uno de estos responsables, por separado, con representantes de la patronal para "explicarle con más detalle el alcance, magnitud e implicaciones que este nuevo escenario normativo plantea para el futuro de las viviendas de uso turístico en Catalunya, e intercambiar impresiones en cuanto a su perspectiva al respecto". Enrique Alcántara, como firmante de la misiva, plantea a John Hoffman, Mike Blackman y Constantí Serrallonga que, en caso de que lo consideren oportuno, "contar con su apoyo y buscar vías de colaboración conjunta para salvaguardar esta modalidad de alojamiento preferida por una gran parte de los visitantes de la ciudad y cuya demanda se incrementa año tras año".
A todos ellos les recuerda también que es del todo conocido que el MWC tiene ciertas dificultades para alojar a los casi 100.000 asistentes que ha llegado a movilizar en Barcelona y las ciudades del entorno, que la ISE tiene un problema similar para sus 60.000 visitantes y que Fira de Barcelona "lamentablemente" verá reducida su capacidad de atracción para optar a la atracción de importantes certámenes feriales en un futuro. Advierte a cada uno de ellos que la aplicación de la ley implicará, en el caso de la capital catalana, la eliminación de más de 50.000 camas disponibles para eventos de este tipo, "impactando gravemente la imagen de Barcelona como ciudad anfitriona". "La capacidad de la ciudad para albergar tales eventos es crucial no solo para su crecimiento económico, sino también para exhibir su innovación, tecnología y conectividad en un escenario global", añade la carta. "También daña la reputación de la ciudad, poniendo en peligro el atractivo de Fira de Barcelona y en consecuencia su estatus como un destino líder, como centro internacional para conferencias y convenciones", apostilla en la carta enviada a Constantí Serralonga.
Airbnb hace un llamamiento a Aragonès
El decreto ley, que limita a como máximo 10 licencias de pisos turísticos por cada 100 habitantes y que establece una moratoria de cinco años. El sector ya ha advertido a la Generalitat que esta norma "puede considerarse una expropiación" y que si finalmente llega a entrar en vigor -el decreto ley debe someterse, probablemente la próxima semana, a aprobación en el Parlament de Catalunya- tendrá un coste para las arcas públicas, que cifran en unos 4.000 millones de euros.
La normativa también ha recibido las críticas de los operadores internacionales que cuentan con oferta de pisos turísticos en Catalunya. El más destacado es la plataforma Airbnb que, en línea con las críticas y reivindicaciones de las patronales catalanas del sector, se ha dirigito por carta al president de la Generalitat, Pere Aragonès. En la misma, directora general de Airbnb Marketing Services, Mónica Casañas, recuerda al Govern que, en Catalunya, casi 4 de cada 10 pueblos carecen de opciones de alojamiento, y en muchos otros municipios que dependen del turismo estacional, las viviendas familiares ya existentes desempeñan un papel crucial en la economía local. "Gracias a estos miles de hogares familiares que se extienden por centenares de pueblos en Catalunya y se comparten con viajeros cuando sus dueños no los están utilizando, tanto los negocios locales como los propios pueblos obtienen beneficios directos sin tener
que construir más infraestructura turística".
Deja también claro que, ante las posibles acusaciones de la especulación que generan este tipo de alojamientos, la responsable de Airbnb señala que "los anfitriones en Airbnb en Catalunya "son principalmente ciudadanos de a pie y familias locales que anuncian una sola propiedad". Según una encuesta interna de Airbnb, casi 9 de cada 10 anfitriones en Catalunya afirman que el espacio que anunciaron les pertenecía a ellos o a sus familias y más de dos tercios de los anfitriones y anuncios en Airbnb en Catalunya están ubicados fuera de los principales centros urbanos.