Los autónomos han expresado al Ministerio de Economía su rechazo a la obligación de informar a la Administración en qué momento han cobrado efectivamente una factura al entender que es una carga administrativa inasumible, según explican las asociaciones de estos profesionales a ON ECONOMIA. El ministerio estableció dicha obligación en la Ley de creación y crecimiento de empresas del pasado 28 de septiembre con el fin de reducir la morosidad que sufren los autónomos y las pequeñas empresas en el cobro de las facturas. Aunque Economía no renuncia a dicha obligación, se abre con el reglamento que desarrollará la factura electrónica a establecer periodos transitorios más largos para que los autónomos y las pymes cumplan con esta exigencia.
Fuentes de Uatae, la Unión de Autónomos, explican a este diario que en una reunión mantenida con el departamento de Nadia Calviño, posterior a la aprobación de la ley de creación y crecimiento de empresas, mostraron su disconformidad con dicha obligación y afearon al ministerio que no se hubiese consultado con las asociaciones las fórmula para atajar la morosidad, un problema que les preocupa especialmente. Estas mismas fuentes comentan que en Economía no gustaron sus críticas y acusaron a las asociaciones de autónomos de “no querer combatir la morosidad”. Desde ATA solicitan igualmente la exclusión de pymes y autónomos de la obligación de informar sobre el momento del cobro o el pago de las facturas electrónicas, algo que ya se exige a las grandes empresas que deben informar a través del Sistema de Información Inmediata (SII) de la Agencia Tributaria. Aunque en ATA sí están abiertos a que los autónomos puedan presentar dicha información con carácter voluntario por si quieren dejar constancia del impago de alguna de sus facturas.
Pero no con carácter general, algo que se plantea en la Ley y que debe desarrollarse a través de un reglamento -actualmente en elaboración conjunta entre los ministerios de Hacienda y de Asuntos Económicos- que ha sido sometido recientemente a consulta pública. Aunque las asociaciones de autónomos están a la espera de conocer el borrador articulado del Real Decreto que desarrolle la factura electrónica, el texto sometido a consulta pública ofrece pistas que denotan flexibilidad. En dicho documento se plantean una seria de preguntas para que las organizaciones opinen en la elaboración del reglamento.
Dicho documento plantea que “la información sobre el estado de pago de la factura es un elemento esencial para promover la cultura de pronto pago”, aunque pregunta: ¿considera necesario establecer periodos transitorios más largos para la obligación de información de pago de las facturas cuando el obligado a dar una información sea una empresa de reducida dimensión o un profesional/autónomo o de algún sector específico? Y aclara que la ley ya establece un periodo de dos años, por lo que se abre a aumentar dicho periodo, dando respuesta a una petición de los autónomos. Incluso no descarta que se pudiese eximir a ciertas empresas y autónomos de la obligación de informar del pago efectivo, pues pregunta si dicha exigencia sería para “las empresa por encima de un determinado umbral de tamaño”.
Una tramitación con costes
Pero no es la única crítica que los autónomos hacen al Ministerio de Economía. Desde ATA critican que se haya escogido como modelo para la gestión de las facturas electrónicas la intermediación de plataformas privadas lo que supone un coste para los autónomos. Por ello, han demandado que la gestión de las facturas electrónicas se pudiese realizar a través de la Agencia Tributaria con carácter gratuito. Algo que parece conseguido, pues en la consulta pública se dice que la intermediación por una red de plataformas de intercambio de facturas electrónicas será complementada por “un sistema público de intercambio básico de facturas proporcionado por la Agencia Tributaria en el que los emisores de las facturas electrónicas o sus plataformas designadas tendrán la obligación de depositar en un formato único en la sede de la Agencia Tributaria”.
Economía y Hacienda son pues sensibles a esta exigencia de los autónomos. De hecho, preguntan si ¿debe existir una infraestructura pública de intercambio de facturas electrónicas alternativa o complementaria al uso obligatorio de plataformas de facturación electrónica para su remisión a los clientes? Y matizan: ¿para qué tipo de empresas o profesionales es necesaria esta alternativa? De hecho, las fuentes consultadas aclaran que en la Agencia Tributaria ya está trabajando en establecer los estándares de cómo han de ser las facturas electrónicas.
Paz entre los ministerios de Hacienda y Economía
Lo que permitirá, también, cerrar la batalla abierta entre el Ministerio de Asuntos Económicos, que dirige Nadia Calviño, y el de Hacienda de María Jesús Montero, por la factura electrónica. El objetivo de Asuntos Económicos ha sido utilizarla como una herramienta para combatir la morosidad y no se planteó usarla como una vía para obtener información fiscal de la actividad de las empresas. Algo que no ha compartido la Agencia Tributaria que en los próximos meses empezará a solicitar más información fiscal a pymes y autónomos para una digitalización más amplia de su gestión tributaria. Para lo cual, la factura electrónica es una vía perfecta, que evitaría, además, duplicar trámites burocráticos.
Una paz que no solo se sella imponiendo la obligación de que todas las facturas electrónicas tengan que ser registradas en la Agencia Tributaria, sino con la posibilidad de ampliar, en un futuro, la factura electrónica para obtener información fiscal. Así, el documento de consulta pública determina que este tipo de facturación supone un impulso de la digitalización de los procesos de las empresas, incluyendo “el cumplimiento a medio plazo de las obligaciones de suministro de información con la administración tributaria”.