Solo 113 bajas laborales por desórdenes mentales del año pasado han sido consideradas como una enfermedad causada directamente por el trabajo, según los datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Muchos médicos de cabecera pueden dar la baja a un trabajador por depresión o ansiedad, pero en estos casos, el facultativo no lo achaca a una causa en concreto. La diferencia es importante, pues si la patología se considera directamente ligada al trabajo, la baja se califica de enfermedad profesional y, por tanto, el trabajador enfermo tendrá una prestación mayor durante el tiempo que esté de baja. Sin embargo, el Gobierno español no ha accedido a calificar los problemas de salud mental como una enfermedad profesional, lo que pone muy difícil que tenga el tratamiento económico de un accidente laboral.
Recientemente, el Ministerio de Trabajo, los sindicatos y las patronales firmaron la Estrategia de Salud Laboral 2023-2027 en la que cobra relevancia la salud mental en el ámbito laboral tras un año y medio de negociación. La Estrategia se articulará a través de dos planes bianuales y el primero, 23-24, ya se está negociando entre el Gobierno central, comunidades autónomas y agentes sociales. Sin embargo, la Estrategia nada dice de elevar las enfermedades de salud mental a la categoría de enfermedad profesional. Sin embargo, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha anunciado la apertura de una mesa de diálogo social con los agentes sociales para abordar cambios en la legislación. Carmen Mancheño, adjunta a Mariano Sanz, responsable de salud laboral de CCOO, insiste en que los sindicatos llevan años demandando que enfermedades como la depresión o el estrés sean consideradas como “profesionales” cuando se deriven del ejercicio laboral.
Hasta que eso llegue, si es que llega, la única posibilidad de que una patología mental sea considerada como enfermedad profesional y, por tanto, tratada como un accidente de trabajo, es que la empresa o la mutua de accidentes de trabajo lo acepte. Algo extremadamente raro. El año pasado según la estadística de la Seguridad Social de partes comunicados por categoría de patología del año pasado, tan solo 113 están en la categoría de “desordenes mentales”, bajo tres enfermedades diferenciadas: desórdenes afectivos, 4 el año pasado; trastornos fóbicos y neuróticos, otros 36, y otros desordenes mentales, bajo cuyo epígrafe se dieron 73 partes el año pasado, por una mutua de accidentes de trabajo. Según la estadística, de los 113 partes, 88 fueron con baja y 25 sin ella. Por género, 77 partes fueron para trabajadoras (54 con baja y 20 sin ella) y los 39 restantes para varones, 34 con baja y 5 sin ella.
Sin embargo, desde los sindicatos saben que no es fácil que se acaben reconociendo los trastornos mentales como una enfermedad profesional porque la Unión Europea no los tiene catalogados como tal, lo cual es un duro hándicap. Desde la Confederación Europea de Sindicatos (CES) llevan también presionando a Bruselas, sin suerte, para que se catalogue como enfermedad profesional. Pero la Organización Internacional del Trabajo (OIT) lo recomienda, lo que abre una puerta, en opinión de Mancheño.
De momento, la única posibilidad de que una mutua de trabajo (encargada de pagar la prestación de un accidente de trabajo y el tratamiento del paciente) o la propia empresa considere que un desorden mental se considere accidente de trabajo es que el trabajador demuestre de forma fehaciente que su trastorno se debe exclusivamente a problemas en su puesto de trabajo. Lo cual cierra las puertas, porque corresponde a la empresa tramitar el parte de baja a la mutua y luego a ésta admitirlo. Y el año pasado esto solo sucedió en 113 ocasiones. No obstante, el trabajador puede acudir a la vía judicial y que sea el tribunal el encargado de decidir si realmente se trata o no de un accidente laboral. Aunque de esos casos no hay estadísticas, señala.
De momento, Mancheño resalta como un éxito que se haya incluido la salud mental dentro de la Estrategia de Salud Laboral para los próximos cuatro años. El segundo objetivo de la Estrategia establece una acción especial de salud mental con cinco medidas:
Acciones dirigidas a conocer las posibles causas de origen laboral en pacientes en edad laboral con diagnóstico de depresión-ansiedad que causan incapacidad laboral tanto temporal como permanente y a diseñar una intervención preventiva en función de los factores laborales identificados.
Se identificará y reconocerá a aquellas empresas que acrediten buenas prácticas en el manejo de la salud emocional y prevención de enfermedades mentales.
Se pondrá a disposición de las empresas un procedimiento que facilite la empleabilidad y el retorno al trabajo tras padecer una enfermedad mental.
Coordinación con la Estrategia de Salud Mental del Sistema Nacional de Salud en las áreas de conocimiento y salud mental del personal sanitario, sociosanitario y de otros trabajos esenciales, con el objetivo de “cuidar a quien cuida”.
Se estudiará específicamente la influencia de los factores psicosociales en el riesgo para la salud mental. Para ello, se constituirá un grupo de trabajo que, partiendo de un diagnóstico de situación, elabore un guía para la identificación, evaluación y prevención de los riesgos psicosociales y vigilancia de la salud, pudiendo abordarse de manera genérica o por actividades con mayor prevalencia de enfermedades mentales.
La sindicalista hace hincapié en este aspecto, en su opinión, más relevante, pues los factores psicosociales están presentes en la totalidad de la Estrategia. De hecho, el término “salud mental” aparece 9 veces en el documento firmado por Trabajo, sindicatos y patronales, y 22 el de “factores psicosociales”.