El déficit de la balanza fiscal de Catalunya con el sector público del Estado se situó en el año 2020 en 20.772 millones de euros y, en el 2021, en 21.982 millones de euros. Estos importes suponen un máximo histórico que equivale al 9,8% y 9,6%, respectivamente, del PIB catalán. Así lo indica el último cálculo de la balanza fiscal elaborado por el Departamento de Economía y Hacienda de la Generalitat, presentado este lunes, según el cual Catalunya aportó al Estado el 19,3%, en 2020, y el 19,2%, en 2021, y solo recibió el 13,7% y el 13,6% en estos años.
Las anteriores balanzas fiscales que se presentaron correspondían al año 2019: entonces el déficit se situó en 20.196 millones de euros, un importe equivalente al 8,5% del PIB catalán. En el 2019, Catalunya aportó al Estado el 19,6% de sus ingresos totales, mientras que solo recibió el 13,4% de los gastos efectuados en el conjunto del Estado, según los datos presentados en septiembre del año pasado por el entonces conseller de Economía, Jaume Giró.
La consellera Natàlia Mas ha recalcado este lunes que los datos de 2020 y 2021 constituyen un "récord histórico". Y añadió que suponen cerca del 10% del PIB anual de Catalunya y cerca del 50% del presupuesto de la Generalitat para este año. En términos per cápita, significan 2.831 euros por catalán, o sea, “casi 3.000 euros menos por cada ciudadano”.
Ante estos datos, Mas califica la situación de “ahogo sostenido, injusto y deliberado”. Sobre el “ahogo sostenido”, indicó que hace más de 35 años que “lo sufrimos” y es estructural. También lo califica de injusto porque "supera en mucho el modelo de solidaridad" y "castiga" a Catalunya. Y también lo califica de “ahogo financiero deliberado” porque es “constante y sistemático gobierne quien gobierne el Estado”. Y subraya que se juntan varios agravios, entre los que destaca la caducidad del modelo de financiación y la infradotación de las infraestructuras.
Sobre la actual negociación con el gobierno central por el pacto de investidura de Pedro Sánchez, Mas sintetizó las reivindicaciones del ejecutivo catalán en tres cuestiones: "Amnistía, autodeterminación y bienestar, una cuestión esta última que va ligada a recursos".
Mas criticó con dureza la "política de opacidad y carencia de transparencia" del Gobierno central. Recordó que el pasado mayo pidió por carta a la ministra de Hacienda, Maria Jesús Montero, que aportase los datos, pero no lo hizo. La última vez que enviaron esta información fue en el 2018, pero de forma parcial. La consellera añadió que también ha pedido los datos de liquidación de cuentas del Estado con Catalunya, indispensables para elaborar los presupuestos de la Generalitat para el próximo año, que tampoco ha recibido.
Los datos empeoran si se excluye la actividad de la Seguridad Social, un ámbito que no es discrecional, que no depende de la decisión de los gobernantes. Excluyendo este capítulo, el peso de los ingresos aportados por la Generalidad y los gastos recibidos aumenta sustancialmente. Tanto en 2020 como 2021, Catalunya aportó el 19% de los ingresos, pero tan solo recibió el 9% del gasto del Estado.
Desproporción entre ingresos y gastos
La desproporción entre el peso de los ingresos aportados y el de los gastos recibidos es una “constante histórica” que se mantiene independientemente de cuál sea la situación financiera del Gobierno. Esta desproporción es la "responsable" del saldo final territorial negativo de Catalunya. El informe constata que, desde 1986 hasta 2021, la contribución de Catalunya a los ingresos del Estado ha sido del 19,4% de media, mientras que el gasto recibido durante todos estos años se ha situado en el 13, 9%.
Históricamente, las mayores diferencias se dieron en 1993 y 2002, con déficits superiores al 10% del PIB. Los años 2020 y 2021 se situaron, por tanto, como tercer y cuarto año con un mayor déficit fiscal en porcentaje de PIB.
Las cifras mínimas de déficit fiscal fueron en 1996, 1998 y 2001, con datos inferiores al 7%. Sin embargo, según los responsables del Departamento de Economía de la Generalitat, la serie histórica constata que, en los últimos 28 años, la economía catalana ha recibido un "impacto contractivo continuado" como resultado del déficit fiscal.
El 25 de julio del 2012, el Parlamento de Catalunya aprobó la Ley de publicación de las balanzas fiscales. Esta ley establece que el Departamento de Economía debe calcular anualmente la balanza fiscal de Catalunya con el sector público central. No obstante, desde la promulgación de la ley, solo se han calculado las balanzas del periodo comprendido entre los años 2010 al 2016 porque el gobierno del Estado no ha facilitado los datos necesarios. A pesar de eso, el año pasado se presentaron las de 2019, pero basadas parcialmente en estimaciones, como ha ocurrido con las del 2020 y 2021, presentadas este lunes por la consellera Mas.
Como en los últimos años el gobierno central no ha publicado ni facilitado datos sobre la territorialización del gasto del Estado y de sus organismos autónomos, la Generalitat ha optado por aproximar al cálculo de la balanza fiscal teniendo en cuenta algunas estimaciones en ámbitos sobre los cuales no han dado esta información. Este cálculo se ha efectuado con la colaboración de expertos de prestigio en materia fiscal. El mayo pasado, Natàlia Mas reclamó por carta a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que le enviara los datos para calcular las balanzas fiscales de los últimos años antes del 31 de julio.